CIUDAD DE MÉXICO.- Sin la posibilidad de expropiar tierras para la producción de hidrocarburos, y un contenido nacional obligatorio de 35 por ciento dentro de diez años, fueron aprobados en comisiones los cuatro paquetes de leyes secundarias de la reforma energética enviados por el Ejecutivo al Senado de la República.
En cuanto a la expropiación, el cambio es un "truquito" para que se escuche mejor la redacción, pero en el fondo la tierra quedará perdida aún con el término "ocupación temporal", de acuerdo con Liliana Estrada, analista de Inteligencia Pública.
La propuesta original incluía la posibilidad de expropiar los terrenos, sin embargo, los senadores prefirieron optar por una "ocupación temporal" de las tierras.
"Ahora lo que quieren es que en vez de que sea un arrebato total sea por la duración del proyecto de explotación, pero, ¿a qué agricultor le va a servir un terreno que fue fracturado?, ¿Quién va a querer regresar a ese mismo terruño", cuestionó Estrada.
Adicionalmente, a partir del siguiente año, 25 por ciento de todos los tubos, fierros, grúas, y en general equipos, materiales y servicios que se utilicen en el sector energético tendrían que ser comprados a firmas mexicanas, y en los siguientes diez años si es aprobado por el Pleno del Senado, tendrá que subir a 35 por ciento.
Arturo Carranza, analista de Solana Consultores, afirmó que esta medida es positiva para las empresas nacionales.
"Esto representa una señal de apoyo para el empresariado mexicano, que tendrá la responsabilidad de ofertar servicios de calidad", indicó.
Sin embargo, Severo López Mestre, director general de MexEnergy, indicó que las políticas nacionales deberán creer más en la industria nacional y pensar en ejemplos como las de la industria automotriz, que no se construyó con base en cuotas, sino con propiciar condiciones de negocios.
También destaca la llegada de gasolineras de otras marcas en 2016 en vez de en 2017, así como que tanto Petróleos Mexicanos (Pemex), como la Comisión Federal de Electricidad se someterán a la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas, con la finalidad de evitar casos como el de Oceanografía, entre otros.