CIUDAD DE MÉXICO.- Al advertir una grave crisis de credibilidad de las instituciones de gobierno, el auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal Martínez, entregó a la Cámara de Diputados los resultados de las auditorías a la Cuenta Pública 2013, con un daño al erario federal por más de 90 mil millones de pesos.
No obstante, confió en que después del proceso de aclaraciones, se podría lograr una recuperación de alrededor de 50 mil millones de pesos, aunque hasta ahora apenas llevan recuperados 5 mil 804 millones.
Indicó que la ASF realizó mil 413 auditorías, de las cuales emitió 10 mil 861 acciones, 14 de ellas son de carácter "forense", que implican delitos penales por desvío de recursos, fraude o cualquier acto de corrupción, por lo que esos casos están en proceso de elaboración de los expedientes para ser turnados a la PGR.
De éstas, tres corresponden a la Sedesol, una a la SEP, otra al Registro Agrario Nacional, dos a la Universidad Autónoma del Estado de México, una a cada una de las universidades Tecnológica de Tabasco, la Chontalpa, Golfo de México, Autónoma de Tabasco, Autónoma de Morelos, del Tecnológico de Comalcalco y del Instituto de Investigaciones Forestales.
Otras 6 mil 902 de éstas acciones son recomendaciones, 783 son solicitudes de aclaración, 57 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, mil 321 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias y mil 798 pliegos de observaciones.
El auditor detectó "13 grandes áreas de riesgo" que tuvieron el mayor impacto negativo en el sector público, por ser puntos de alta opacidad y mal manejo de los recursos públicos, entre otras, integridad gubernamental, cultura administrativa basada en la gestión de riesgos y cumplimiento de objetivos, rendición de cuentas en las entidades federativas, padrón de beneficiarios de los programas sociales, revelación de pasivos y gasto, integración efectiva de la participación ciudadana en la gestión de programas públicos, adquisiciones, contrataciones o inversiones que cumplen la norma pero que no representan las mejores condiciones para el Estado.
Ante legisladores alertó que "para nadie es un secreto que, en la presente coyuntura, uno de los elementos más representativos del sentir general es la crisis de confianza por la que atraviesan las instituciones de la República. Distintos sectores de la ciudadanía han asumido una actitud de escepticismo y de reserva respecto a la actuación del Estado, llegando, en algunos casos, hasta a asumir tintes de disenso y confrontación".
La Auditoría detectó que las mayores irregularidades se encuentran en el gasto federalizado, ya que con un total de las mil 413 auditorías, 898 se realizaron a los gobiernos estatales con un daño al erario de 67 mil 168 millones de pesos.
Ubica a Veracruz, Guerrero, Michoacán, Chiapas, Estado de México, Jalisco y Oaxaca, quienes acumulan irregularidades por 22 mil 993 millones de pesos.
INFRUCTUOSO ESFUERZO
Pese al millonario gasto en materia de seguridad pública no se alcanzó la meta de disminuir los niveles de inseguridad, con respeto a los derechos humanos, así lo determinó el reporte.
"El propósito fundamental de la política de seguridad pública sujeta a evaluación consistió en disminuir los niveles de inseguridad que afectan el bienestar y el patrimonio de las familias, con respeto a los derechos humanos, así como a preservar las libertades, el orden y la paz públicos. Si bien se presupuestaron y ejercieron recursos para el desarrollo de acciones con ese fin, los datos disponibles mostraron resultados contrarios a los esperados", indicó.
Detalló que contrario a lo esperado, en 2013 no sólo se incrementó la incidencia y reincidencia delictiva; y los casos de violación a derechos humanos, sino que también se incrementó la percepción social de inseguridad.
