La aprobación de la reforma eléctrica que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador frenará la inversión de 11 mil millones de dólares en nuevos proyectos de generación eléctrica renovable y la generación de 50 mil nuevos empleos, dijo Julio Valle, vocero de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (Amdee) y Asociación Mexicana de Energía Solar (Asolmex).
El representante legal dijo que este cambio, que calificó como inconstitucional, impedirá el despliegue de una serie de proyectos de generación de energía renovable identificados, que estaban listos para desarrollarse hasta el año 2024.
"Vamos a recurrir a los mecanismos legales disponibles para salvaguardar nuestros derechos como inversionistas. Estamos obligados por nuestra responsabilidad fiduciaria. Los cambios legislativos son violatorios de derechos fundamentales establecidos a nivel constitucional, además de que incumplen con una serie de obligaciones que México asumió a nivel internacional, previstas en acuerdos de protección de inversiones y tratados internacionales", dijo el directivo.
Explicó que entre las múltiples afectaciones que la reforma aprobada provocará resalta el impacto directo en toda la generación de energía renovable existente en México, eólica y solar, que representa 28 mil millones de dólares de inversión ya desplegada y comprometida.
"Estamos hablando de más de 17 mil megawatts de capacidad de generación y 47 mil empleos directos e indirectos", agregó Valle.
El vocero de Amdee y Asolmex dijo que algunos de los derechos fundamentales atropellados incluyen el derecho a la libre competencia en el mercado de generación de electricidad y la no retroactividad de la Ley.
"Si bien la transmisión y distribución de energía eléctrica son áreas reservadas al Estado, la constitución es muy clara en establecer la libre competencia en el mercado de generación de electricidad, en donde CFE es un competidor más. Así también lo advirtió la Comisión Federal de Competencia Económica en la opinión que remitió al Congreso de la Unión, en la que recomendó no aprobar en los términos propuestos la entonces iniciativa de reforma a la Ley de la Industria Eléctrica", describió.
Destacó Julio Valle que también la reforma potencialmente viola múltiples acuerdos de protección de inversiones y tratados internacionales, al provocar que las inversiones en el sector eléctrico pierdan su valor.
"Con ello, México incurre en expropiaciones indirectas de los activos desplegados por los generadores de electricidad privados. Además, también viola potencialmente las disposiciones del tratado sobre empresas propiedad del Estado al beneficiar a un participante estatal sobre todos los demás. El sector eléctrico es uno de los seis sectores específicamente protegidos en el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) con el mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado entre México-Estados Unidos.
Recordó que muchos de los cambios introducidos por la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica son un espejo del contenido de la "política de confiabilidad" de la Secretaría de Energía, misma que recientemente fue declarada como inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Reforma eléctrica fue una decisión política, sin criterios técnicos ni económicos: CCE