Para no generar desconfianza la asignación de los titulares del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), y de otros funcionarios de alto nivel que tendrá lugar en los próximos meses, su elección debe ser con base en el mérito personal y la capacidad profesional y no por decisión de las autoridades políticas, señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
El organismo empresarial indicó que ésta también debe ser en procesos cerrados sin información pública y a partir de la repartición de cuotas entre los partidos políticos y el predominio de intereses particulares,
Valeriano Suárez Suárez, vicepresidente nacional de Estado de Derecho y Democrático de Coparmex, destacó que en México la mayoría de las designaciones públicas se deciden por autoridades políticas, en procesos cerrados, sin información pública, y a partir de la repartición de cuotas entre los partidos políticos y el predominio de intereses particulares.
"Esta forma de realizar los procesos de designación no garantiza una evaluación técnica de los aspirantes, con base en perfiles especializados e independientes para ocupar los cargos; debilita a las instituciones y genera desconfianza por parte de la ciudadanía", señaló en el comunicado.
A la luz de los procesos para designar a funcionarios de primera relevancia en el sistema democrático del país, la Coparmex, participó en el lanzamiento de la campaña "Designaciones contra la Corrupción", organizada por organizaciones de la sociedad civil, promotoras de la transparencia y rendición de cuentas, junto con organismos empresariales.
En los próximos meses tendrán lugar la designación de los nuevos Magistrados Electorales, el Procurador General de la República que podría convertirse en el primer Fiscal General, el titular de la Secretaría de la Función Pública, el nuevo Fiscal especial en materia de combate a la corrupción y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.
Coparmex plantea 5 pasos para el Proceso de Designación de Altos Funcionarios
1. Realizar convocatorias públicas en las que se determinen el proceso y sus etapas.
2. Garantizar la máxima publicidad y rendición de cuentas durante todo el proceso.
3. Implementar comparecencias públicas de las y los candidatos para conocer sus propuestas.
4. Utilizar instrumentos técnicos de valoración para los perfiles, que incluyan criterios objetivos y que estos sean públicos antes y después de la toma de decisiones.
5. Establecer mecanismos de participación ciudadana en cada uno de los procesos con la garantía de poder presentar objeciones y cuestionamientos a los candidatos.