CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno Federal pagaría sólo la diferencia que exista entre el pasivo laboral actual, tanto de Petróleos Mexicanos (Pemex) como de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y las reducciones que se consigan con un nuevo contrato colectivo de trabajo.
De acuerdo con el dictamen de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria aprobado recientemente en la Cámara de Diputados, se deberán modificar el contrato colectivo de trabajo y también el propio reglamento de trabajo en el caso de la petrolera.
"La proporción de la obligación de pago que en su caso asuma el Gobierno federal será por un monto equivalente a la reducción del pasivo laboral que resulte del acuerdo para modificar el contrato colectivo de trabajo y el Reglamento de Trabajo a que se hace referencia en el párrafo anterior", señala el texto de los legisladores.
Es decir, que de los recursos públicos se cubriría el ajuste que se consiga hacer como parte de la negociación con el sindicato petrolero, específicamente.
En cuanto a la CFE, el Gobierno federal podrá asumir una proporción de la obligación de los pasivos a cargo de la compañía eléctrica de las pensiones y jubilaciones que correspondan a sus trabajadores que fueron contratados hasta el 18 de agosto de 2008, fecha en que la empresa suscribió con el sindicato un convenio para adoptar el esquema de cuentas individuales.
Sin embargo, el reconocimiento del pasivo laboral por parte del Gobierno federal estará sujeto a que en el mediano plazo se dé una reducción gradual de ese tipo de deudas y que los nuevos trabajadores ingresen a esquemas de cuentas individuales y de portabilidad con el Sistema de Ahorro para el Retiro.
CORREGIR SOBRE LA MARCHA
La primera factura a pagar derivada de la reforma energética será el saneamiento de las empresas productivas del estado, sus grandes pasivos productivos y laborales, señaló Rodrigo Alpizar Vallejo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).
Dijo que tras varias décadas de inmovilidad política que postergó la reforma estructural del sector energético, de un corporativismo político que arraigó los intereses sindicales y prácticas onerosas a las empresas paraestatales, fueron los factores que crearon espacios propicios para la corrupción y el conflicto de intereses, lo que ha puesto al país en la posición de absorber los costos y corregir el camino.