La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) dio a conocer cifras preliminares relacionadas con la presentación de amparos interpuestos y ganados por este organismo en contra de algunos aspectos de la reforma fiscal, en beneficio de los pagadores de impuestos.
El ombudsman del contribuyente destacó las sentencias favorables obtenidas en los juicios interpuestos en contra del artículo 28, fracción XXX de la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR), que establece la limitante que enfrentan los patrones para deducir pagos que para sus trabajadores se encuentran exentos.
En un comunicado, informó que en dicho tema Prodecon interpuso 53 juicios, de los cuales de siete en donde ya se ha dictado sentencia, se han ganado seis en distintos Juzgados de Distrito de Puebla, Jalisco, Nayarit y la Ciudad de México.
Expuso que dicho dato, como tendencia, resulta relevante si se considera que el aumento del porcentaje de deducibilidad de las prestaciones salariales exentas es una de las demandas primordiales que el sector empresarial ha hecho para ajustar los efectos de la reforma fiscal.
De igual forma, Prodecon presentó 974 amparos contra el artículo 151 de la LISR, referente al límite de las deducciones personales de personas físicas, en donde hasta ahora se han obtenido 26 sentencias favorables en ocho Juzgados de Distrito distintos.
El organismo destacó que hará un puntual seguimiento de esos asuntos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que la defensa que realizó se centró en personas físicas con ingresos anuales menores a un millón de pesos que es donde más se advierte la inequidad de dicha norma legal.
Por lo que ve a la contabilidad electrónica, la Prodecon presentó mil 016 amparos, en los cuales no se ha dictado aún ninguna sentencia.
Refirió que, dado que la SCJN está ejerciendo su facultad de atracción para conocer de algunos de estos amparos y sentar jurisprudencia, estará atenta para que los que promovió en nombre de los contribuyentes lleguen al conocimiento del máximo tribunal, a efecto de que puedan ser examinados los argumentos del ombudsman fiscal.