El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT) señaló este lunes que tener recursos en el extranjero no necesariamente es ilegal, esto luego de la filtración de documentos que revelan negocios de políticos y figuras públicas con firmas 'offshore', entre los que se encuentran mexicanos.
"No necesariamente estos personajes tendrán que repatriar su capital. Tener recursos en el extranjero no es ilegal, lo ilegal es que teniéndolos ahí, obteniendo una utilidad, rendimiento, intereses, no los declare en México", aclaró Aristóteles Núñez en el marco del Foro sobre Recintos Fiscalizados Estratégicos.
Las filtraciones conocidas como 'Los papeles de Panamá' incluyen a empresarios mexicanos como Juan Armando Hinojosa (Grupo HIga), Ricardo Salinas Pliego (TV Azteca) y Alfonso de Angoitia (Televisa).
Los casos de personajes públicos con cuentas en paraísos fiscales y que se encuentren en una situación fiscal irregular serán auditados por el SAT mientras se vayan haciendo públicos los nombres, señaló Aristóteles Nuñez.
"La ley no distingue de funcionarios, ni de empresarios de mediano, bajo y alto peso, es aplicable igual para todos", aseveró.
Se va revisar quiénes hicieron hasta 2014 pago anónimo, quiénes reportaron estos recursos en su declaración anual, y quiénes pueden retornar su capital bajo el programa que está vigente hasta junio.
A las personas que no se hayan alineado a estas opciones se les harán auditorias y se les determinarán montos de créditos fiscales, tal como se hizo y avanzan las revisiones en los casos que se revelaron en 2015 de cuentas de HSBC en Suiza mediante las cuales presuntamente se evadían impuestos.
A la fecha existen 54 casos que se revisan desde que se hicieron públicos los datos de HSBC. Hubo saldos de 25 dólares y de hasta 5 millones de dólares, y por ahora se trabaja en los saldos de mayor valor, explicó Núñez.
Agregó que a la fecha no se tienen estimaciones de cuánto perdió el fisco por estas cuentas en el extranjero.
"Por las contribuciones omitidas tienen que pagar los impuestos correspondientes, es decir una tasa de al menos 30 por ciento o 35 dependiendo del año, una actualización y recargo sobre cantidad no pagada, una multa casi del 100 por ciento de la cantidad no pagada, y adicionalmente en caso de acreditarse que se cometió un delito fiscal va prisión desde 3 meses y hasta nueve años, dependiendo del monto".