México necesita de una norma universal, que sea realmente efectiva, y que promueva la renovación del parque vehicular, con el objetivo de reducir el impacto ambiental, los problemas de seguridad vial, así como salvaguardar la vida de los usuarios, a través de políticas públicas y no sólo de un ‘decretazo’, consideraron representantes de la industria automotriz.
El problema para el sector, indicó Guillermo Rosales, presidente de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), es la existencia de políticas que permiten la circulación de automóviles ilegales, con más de 20 años de antigüedad u obsoletos, los cuales representan un riesgo para la salud y la economía.
“México es el único país dentro de las 20 economías más importantes del mundo en donde no existe una inspección vehicular de carácter universal para asegurar que los vehículos cumplen con los mínimos estándares de seguridad, y esto que en materia de vehículos ligeros es totalmente ausente”, explicó Guillermo Rosales.
En ese sentido, lamentó la decisión de la Secretaría de Economía de cancelar la NOM-236 para la revisión físicomecánica de autos ligeros, a la que tildó de ser ‘una respuesta política’ a un posicionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador, de no afectar los bolsillos de quienes menos ganan.
El titular de la AMDA señaló que una medida así es perjudicial para el medio ambiente y la seguridad vial, pues son causantes de muchas emisiones contaminantes, ya que la mayoría de los vehículos tienen una edad promedio de entre 15 y 19 años, y a esto se le suma el problema de la entrada ilegal de coches usados por la frontera que, según estimaciones, podría sumar este año más de 1.2 millones de ‘vehículos chatarra’.
Por su parte, Miguel Elizalde, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), dijo que, a diferencia de los autos ligeros, la industria de unidades pesadas sí cuenta con una norma que obliga a mantener la renovación vehicular activa; sin embargo, destacó que existe una flota con placas federales de entre 700 mil y 800 mil unidades con una antigüedad de hasta 21 años.
En ese sentido, enumeró varios puntos clave para lograr la aplicación de una política pública efectiva para la sustentabilidad y la seguridad: incentivos verdes, financiamiento, profesionalización, actualización del marco regulatorio y supervisión.
“El problema de seguridad vial, de antigüedad de la flota, de emisiones, el problema está en los vehículos viejos, no en los nuevos. El tema es que como política pública siempre es más sencillo apretar al que cumple y no tocar a los que ya tienen el vehículo viejo contaminante, hay que tener mayor congruencia en las políticas públicas”, concluyó.
