El gobierno, a través de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC)- reservó por cinco años los anexos técnicos que contienen los estudios de aeronavegabilidad, planes de inversión y otros documentos contenidos en el título de concesión del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) otorgado a la empresa del mismo nombre que es controlada por el ejército mexicano.
La autoridad aeronáutica mexicana señaló que la publicación de los anexos técnicos del título de concesión del aeropuerto en Santa Lucía podría desencadenar un sabotaje de la obra, que forma parte de los proyectos prioritarios del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
“Es importante mencionar que, al tratarse de una obra de infraestructura de carácter estratégico y prioritario para el Estado, proporcionar a un tercero la información del expediente, pudiera posibilitar un sabotaje para materializar el mismo y poner en riesgo su construcción posibilitando un impacto debilitador para la seguridad nacional”, respondió la AFAC a una solicitud de transparencia de El Financiero.
El argumento de la seguridad nacional, señala Pablo Casas, abogado en derecho aeronáutico, no tiene sustento legal, pues el aeropuerto en Santa Lucía es ya una instalación civil porque cuenta con una concesión otorgada, incluso aunque esta haya sido aprobada para una paraestatal dirigida por la Sedena.
“La concesión se otorgó para un aeropuerto civil conforme a las normas de la OACI, no es un aeropuerto militar y deben transparentar la información”, señaló Casas a El Financiero.
El experto agregó que los estudios de aeronavegabilidad, inversión y planes financieros deben ser públicos e indicó que con esta negativa de las autoridades no tiene sustento.
“Un aeropuerto sino está debidamente justificado aeronáuticamente. El AIFA no está justificado de esa forma. A los militares, con este aeropuerto, los están haciendo empresarios”, indicó Casas.
El argumento de la seguridad
El gobierno afirmó que la obra tiene un carácter de seguridad nacional porque se construye en predios de la base aérea militar no.1, que es de carácter estratégico para la Fuerza Aérea Mexicana.
Al respecto, Fernando Gómez Suárez, analista independiente en aviación, apuntó que es necesario que el gobierno garantice la transparencia de un proyecto aeroportuario como el nuevo aeropuerto.
“Debe respetarse el derecho de transparencia y máxima publicidad, precisamente porque están involucrados recursos públicos para la construcción del aeropuerto”, aseveró Gómez Suárez a El Financiero.
Como se recordará, el 15 de octubre se publicó en el Diario Oficial de la Federación el título de concesión que oficializó la entrega de la administración y aprovechamiento de las instalaciones aeroportuarias a la empresa AIFA S.A. de C.V., la cual fue formada con recursos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Banjército.
Por tanto, el aeropuerto de Santa Lucía quedará en manos de militares quienes, a su vez, recibirán las utilidades que genere el aeropuerto para cubrir sus pensiones.
La AFAC agregó en la respuesta entregada a este diario, que la reserva de información entró en vigor a partir del 20 de octubre de este año y se extenderá hasta 2026.
La concesión otorgada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) al ejército se extenderá por 50 años y podrá ser prorrogada por un periodo similar, es decir, la obra aeroportuaria estaría en manos de la milicia por un siglo.
El Consejo de Administración del nuevo aeropuerto tendrá que fijar, en sus estatutos, que los ingresos por concepto de tarifas aeroportuarias, renta de equipos, entre otros, no irán a la Hacienda mexicana, sino que engrosarán el presupuesto de la milicia.
La empresa AIFA contará con un consejo de administración como cualquier empresa aeroportuaria constituida bajo las normas mercantiles en México, pero responderá a la Sedena.
Sin embargo, aún no está claro bajo qué proyecciones de tráfico, costo de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), subsidios y otras tarifas aeroportuarias operará el nuevo aeropuerto en Santa Lucía.
Por ahora, solo Volaris ha comenzado a vender vuelos desde Santa Lucía hacia Cancún y Tijuana, dos rutas que serán inauguradas el mismo día que el puerto aéreo, el 21 de marzo, como el presidente lo solicitó.
Hasta ahora, el gobierno y las autoridades aeroportuarias de México no se han publicado los estudios de viabilidad aeronáutica. Una fuente de la AFAC aseguró que el gobierno pretende dar a conocer los estudios hacia el final del año. Se cuidan. La AFAC aseguró que la intención de resguardar la información es evitar un sabotaje al aeropuerto de Santa Lucía.