El conflicto por el control de la planta cementera de la Cruz Azul en Tula, Hidalgo, pone en riesgo la producción de cemento por cerca de 500 millones de pesos y el ingreso de más de mil 100 trabajadores, aseguró la dirección de la Cooperativa.
En conferencia de prensa para dar a conocer los hechos del miércoles 15 de diciembre, donde policías de la entidad intentaron entrar a las instalaciones para devolver el control a la llamada disidencia de la Cooperativa por orden de un actuario, los socios señalaron que los hechos son un agravio a los trabajadores que dependen de la organización.
“La producción de cemento que tenemos en la planta de Hidalgo al día de hoy son 7 mil toneladas de cemento diarias, esa es la planta que nosotros tenemos bajo responsabilidad, otorgada por autoridades federales. La derrama económica mensual (afectada) son cerca de 500 millones de pesos que se dejarían de generar e impactaría a toda la influencia de la planta en Hidalgo”, dijo Alberto Lopez, presidente del Consejo de Vigilancia.
Los representantes de más de 17 mil trabajadores de la Cooperativa responsables de la producción de más de 30 mil toneladas de cemento al día, aseguraron que tienen el control legal de dicha planta, sin embargo el pleito con la disidencia que dirige José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez, podría quitar competitividad en el mercado.
“Tenemos no solamente Cemex, sino Moctezuma, Lafarge, Apasco, impactaría en términos de un encarecimiento del producto, debido a que las regulaciones cementeras en cuanto a calidad, Cruz Azul supera la norma. En el momento en el que Cruz Azul desaparezca como productora de cemento los precios se incrementarían”, comentó Federico Sarabia, presidente del Consejo de Administración.
‘Salpica’ pleito a Fayad
Los representantes de la Cooperativa Cruz Azul señalaron una complicidad entre las autoridades judiciales, la policía del estado y el gobierno estatal de Hidalgo a cargo de Omar Fayad, tras el operativo del miércoles 15 de diciembre en la madrugada en el que participaron 80 patrullas y cerca de 200 elementos de la policía bancaria.
Los socios sospechan de un supuesto apoyo por parte del gobierno estatal a la disidencia y del exconsejero jurídico de la presidencia Julio Scherer Ibarra en todo este caso.
“Hubo 120 socios de Lagunas; la entrevista fue vía zoom y Rafael Anzures (abogado de la disidencia) declaró que el gobierno del estado de Hidalgo estaba con él, que el gobernador Fayad estaba apoyándolo para la toma de la planta de Cruz Azul Hidalgo. Es salgo sumamente delicado, no queremos pensar que el gobernador esté metido en algo como esto, pero la demostración de fuerza policiaca nos da a entender que hubo un movimiento”, dijo Sarabia.
Agregó que actualmente se han congelado cuentas por más de 40 millones de pesos para el pago de luz, gas, suministros y nóminas de más de mil 100 trabajadores.