Altán Redes tendrá asegurado su negocio por 40 años, en lugar de los 20 años originales, lo que le permitirá contar con dos décadas más para sanear sus deudas por más de 30 mil millones de pesos (alrededor de 4 mil 283 millones de UDIS) con mayor tranquilidad, tras ser rescatada de la quiebra por el gobierno y sus inversionistas con un financiamiento de 388.1 millones de dólares, una acción perjudicial para los demás operadores de telecomunicaciones que no gozan de los mismos apoyos, advirtieron analistas del sector.
El martes, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) confirmó la extensión del contrato de Asociación Público-Privada (APP) firmado en 2017 con la entidad gubernamental Promtel y Telecomm para que Altán dé vida a la Red Compartida por 40 años en lugar de los 20 originales.
Además, el órgano regulador avaló el plan de rescate de la empresa, que fue fondeado principalmente por el gobierno, luego de informar que la banca mexicana de desarrollo sería la encargada de nombrar a la mayoría de los miembros del Consejo de Administración de Altán Redes.
La compañía acumuló deudas por más de 30 mil millones de pesos con firmas como Huawei, Axtel, Morgan Stanley, Megacable, Hansam y China México Found.
Gerardo Flores, miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET), afirmó que las decisiones que tomó el IFT al avalar la operación no puede estar influenciadas por el gobierno, además de que privilegiar los objetivos de una empresa, por encima de otros operadores viola el principio de igualdad de competencia establecido en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
“Otorgar beneficios a Altán en perjuicio de los operadores de telefonía móvil podría violar el T-MEC, generando un problema donde antes no había. Hay compromisos que tiene México en el marco del T-MEC, debemos tener cuidado para evitar que el IFT adopte ciertas medidas que parezcan trajes hechos a la medida para que mejore el panorama operativo de Altán Redes”, advirtió.
Agregó que, mientras el gobierno federal sea el principal controlador de un operador de telecomunicaciones, como es el caso de Altán Redes, es imposible asegurar que el órgano regulador de las telecomunicaciones, el IFT, será neutral y autónomo.
De los 388.1 millones de dólares que recibió Altán, la banca mexicana de desarrollo con el aval del gobierno, otorgó un crédito por 161 millones de dólares, es decir, 41 por ciento de los recursos, y el 59 por ciento restante corresponde a la participación de proveedores que aportaron 166.6 millones de dólares, 50.5 millones de dólares provienen de los accionistas y 10 millones de dólares de sus clientes.
Economía niega afectación
Al respecto, la Secretaría de Economía sostuvo que el financiamiento recibido por parte de Bancomext no contraviene las disposiciones contenidas en el T-MEC, debido a que el gobierno mexicano garantiza que actuará con imparcialidad, respetando a cabalidad lo previsto en el capítulo 18 Telecomunicaciones del T-MEC.
“El capítulo establece que el Estado debe evitar acciones que otorguen un trato más favorable a alguno de los proveedores de telecomunicaciones, ya sea público o privado.
“Lo anterior, con el objetivo de garantizar que todos los contendientes del mercado se encuentren en condiciones de igualdad, y que ninguno de ellos utilice algún tipo de ventaja que le permita establecer acciones que limiten la competencia, que tengan como finalidad el desplazar a los competidores o imponer restricciones de entrada en el mercado”, dijo la dependencia en un comunicado de prensa.
Jorge Moreno, abogado especializado en telecomunicaciones, opinó que el aval del IFT al financiamiento del gobierno a Altán Redes contribuirá a que la empresa pueda cumplir con sus objetivos.
“Lo que está haciendo el IFT es dar el visto bueno a los cambios corporativos de Altán, así como validar la forma en que ha establecido el cumplimiento de sus obligaciones como APP. Con esta ampliación de 20 años, Altán tendrá asegurado su negocio por 40 años y podrá sanear sus finanzas con mayor tranquilidad”, explicó.
Hasta ahora, Altán tiene la meta de ofrecer el servicio de la Red Compartida al 70 por ciento de la población mexicana en noviembre de 2022; al 85 por ciento en enero de 2027 y al 92.2 por ciento en enero de 2028, lo que implicará el incumplimiento del gobierno en su promesa de llevar internet para todos al final del sexenio en el 2024.
El especialista en el sector, Jorge Moreno afirmó que la ampliación busca dar certeza y claridad a los inversionistas sobre un proyecto que para el gobierno es rentable; sin embargo, advirtió que la extensión debe estar supeditada a que la firma cumpla con sus obligaciones de conectividad.
“La empresa deberá comprobar que ha cumplido con sus obligaciones originales, que es llevar conectividad al 92.2 por ciento en enero de 2028; si no cumple con eso y se le otorga una ampliación de 20 años más, ahí sí podríamos hablar de que la autoridad regulatoria está siendo parcial”, consideró el abogado especializado en telecomunicaciones.
Para ese momento, Altán ya debería haber cumplido con su obligación constitucional de llevar internet al 92.2 por ciento de la población.