Un juez admitió la ampliación de la demanda de amparo promovida por Greenpeace México contra el Tramo 5 sur del Tren Maya, esto por considerar que la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) en su modalidad regional es inconstitucional.
Greenpeace México dio a conocer que la ampliación del expediente 1216/2022 fue admitida y pide al juez, entre otras cosas, que considere que la MIA del tramo 5 sur menoscabó los derechos a la información y participación pública en asuntos ambientales.
El grupo ambientalista detalló que las solicitudes hechas a la autoridad se basan en el incumplimiento de los artículos 6 y 7 del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (el Acuerdo de Escazú).
Ante ello, Greenpeace pidió “se ordenen medidas de restauración o remediación de los ecosistemas comprometidos por la autorización en materia de impacto ambiental recaída a la manifestación de impacto ambiental modalidad regional del proyecto Tren Maya tramo 5″.
Este miércoles, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) indicó que tres de los seis amparos que contaban con suspensiones definitivas en el tramo 5 fueron revocados, por lo que se podrá continuar o iniciar con las obras en esa zona del país, que comprende los polos turísticos de Cancún a Tulum.
Un Tribunal revocó este miércoles tres suspensiones definitivas que pesaban sobre el Tren Maya y que impedían el avance del tramo 5 del proyecto ferroviario en el sureste del país.
“¡Buenas noticias para el pueblo! Ya fueron revocadas la ‘suspensiones definitivas’ de los amparos 884/2022, 923/2022 y 1003/2022 que habían sobre el Tramo 5 Sur del @TrenMayaMX. La obra siempre ha sido legal, pero atendimos todos los requerimientos del juez para no dejar duda”, escribió en su cuenta de Twitter Javier May, director general de Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).