Mineras, representantes del sector y analista advirtieron que la reforma a la legislación que intenta reducir el tiempo de las concesiones y del uso de agua, tendrá un impacto negativo no sólo en las actividades extractivas, sino en la producción de electrónicos, electrodomésticos, automóviles, en la construcción y hasta en el sector farmacéutico y alimenticio.
El martes 28 de marzo, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de reforma a la Ley Minera que reduce las vigencias de las concesiones mineras de 50 a sólo 15 años con una sola renovación, además de prohibir el otorgamiento de permisos en zonas donde hay escasez de agua o en áreas naturales protegidas.
“La reducción de años a las concesiones contraerá en el mediano plazo a la industria minera, el problema es que cuando esto ocurra, el abasto de materias primas para otros sectores industriales será menor, lo que obligará a esas otras industrias a importar esa materia para cumplir con sus metas de producción”, advirtió en entrevista Armando Alatorre, geólogo experto en Minería.
Explicó que la industria automotriz podría ser una de las más afectadas, ya que tendrá que importar insumos primarios y esto podría, incluso orillarla a que incumpla con el porcentaje de Valor de Contenido Regional que exige el T-MEC, el cual indica que 66 por ciento de las materias de un producto sean producidas en la región.
“Las autoridades no ven que, en el mediano plazo, esta ley puede meter en problemas a México por incumplimiento con el T-MEC, pero tampoco considera que al tener que importar la materia prima, los costos de producción aumentarán y, por tanto, los precios al consumidor final se elevarán”, agregó el expresidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (CIMMGM).
La iniciativa también busca modificar la Ley de Aguas Nacionales para que las concesiones del hídrico sean de uso específico para minería, sujetos a disponibilidad del recurso y con duración de cinco años, con posibilidad de una prórroga por igual periodo de tiempo.
Además, la iniciativa cambiaría el método de otorgamiento de concesiones, que se otorgarían a través de concursos públicos y se deberán hacer consultas públicas antes de aprobar un permiso, a costo del interesado en obtenerlo.
“Esta modificación a la ley obligará a las empresas mineras a pactar contraprestaciones monetarias con el propietario. El cambio propuesto hace muy compleja la extracción del subsuelo, ya que las inversiones son de muy largo plazo y generalmente son intensivas en capital, por lo que la reducción en el tiempo de la concesión desincentiva nuevas inversiones”, opinó en una nota para inversionistas José María de las Rivas, analista de Intercam Banco.
Agregó que, aunque en teoría, la propuesta busca un mayor cuidado del medio ambiente, estos cambios en la legislación minera han generado preocupaciones.
“Las empresas mineras están preocupadas por los posibles efectos negativos en su rentabilidad y el impacto económico en el país, ya que la propuesta implica mayores costos para las empresas y un límite de tiempo más corto para alcanzar los niveles de gasto”, expresó.
Piden al Congreso hacer consultas
Desde que inició esta administración, las autoridades federales han postergado la entrega de concesiones a 822 proyectos mineros, lo que ha generado pérdidas por hasta 25 millones de pesos.
Ante la propuesta, la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM) pidió a las autoridades considerar a expertos y representantes del sector antes de aprobar las modificaciones a la ley.
“La Asociación, que representa a los profesionales en Ciencias de la Tierra, manifiesta la necesidad de comentar y revisar los cambios propuestos, a fin de que la regulación reconozca la realidad de la industria y con ello, sea posible generar bienestar para todos”, detalló la AIMMGM
En tanto, el vicepresidente del CIMMGM Armando Alatorre, aseguró que hasta ahora las autoridades no se han acercado con ellos para pedir una opinión distinta.
“Las autoridades no han tenido acercamiento con nosotros a pesar de que saben que estamos dispuestos a dialogar y debatir las ideas, porque para nosotros, lo más importante es que tanto la sociedad como la industria salgan beneficiados con la actividad minera”, comentó Alatorre.
En caso de que se aprueben las modificaciones, sería la segunda vez que esta administración cambia la Ley Minera. La primera vez fue para designar las reservas de litio de México como patrimonio nacional.
Esta propuesta puede ser aprobada por mayoría simple, ya que modifica las leyes secundarias de la ley minera; sin embargo, su alcance es de grandes dimensiones con efectos puntuales sobre la inversión en minería, pero adicionalmente levanta cuestionamientos sobre el resto de las concesiones de otros sectores otorgadas en México.
El Financiero consultó a Torex Gold Resources, Argonaut Gold, Grupo Peñoles y ArcelorMittal y hasta el cierre de la edición, no emitieron una postura.
En tanto, Fundar, Centro de Investigación y Análisis y el colectivo CambiémoslaYa, aseguraron que esta iniciativa es histórica porque sienta las bases para cambiar las reglas en materia de minería.
“Esta iniciativa será capaz de frenar los atropellos que las empresas mineras, otros actores privados y el Estado han cometido durante estos 30 años en nombre de un desarrollo”, señaló Fundar y CambiémoslaYa.