Por la forma en la que el Congreso de la Unión avaló cambios a diversas leyes, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revise lo aprobado y retire cualquier iniciativa que sea inconstitucional.
A través de un comunicado, el organismo empresarial señaló que el recién terminado periodo de sesiones en el Congreso estuvo marcado por la radicalización, la polarización y posibles fallas procesales que pudieran derivar en ilegalidades. Por esto, rechazó el comportamiento de los legisladores al ir en contra de la voluntad ciudadana y la Constitución.
“Lamentamos profundamente la autorización de por lo menos 20 disposiciones que legisladores del partido en el poder y sus aliados aprobaron ‘fast track’. Es esencial y confiamos en que la SCJN revise lo aprobado por el Poder Legislativo y eche abajo cualquier iniciativa que vaya en contra de los establecido en nuestra Constitución”, externó.
Coparmex añadió que no están de acuerdo en que la elaboración o modificación de leyes se realicen mediante procesos alejados de la deliberación pública, con una persistente negativa a escuchar la opinión de la sociedad civil y sin acatar la normatividad y el debido proceso legislativo.
¿Cuáles fueron los cambios aprobados por fast track?
Entre los cambios aprobados por los legisladores están la desaparición del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la extinción de Financiera Rural, las nuevas disposiciones en materia de licitaciones públicas, reorientación del pago de derechos de turistas extranjeros, disposiciones que profundizan en el control de las Fuerzas Armadas en tareas civiles y la desaparición del Conacyt.
“La cerrazón y mucho menos la militarización son la solución; lo deseable es que prevalezca el diálogo, la inclusión y el respeto a la pluralidad. Las minorías no deben ser aplastadas o acalladas por las mayorías; su voz debe ser escuchada para alcanzar consensos y evitar imposiciones, que son propias de gobiernos autoritarios donde no existe el Estado de Derecho”, afirmó.
Reiteró que México no puede ni debe ser presa de grupos políticos y sus intereses. Por ello, insistió en la necesidad de que el Poder Judicial resuelva cualquier controversia por el bien mayor del país.