Al menos 40 compañías de Canadá y Estados Unidos que operan en México manifestaron su intención de ampararse tras la aprobación de las reformas a la Ley Minera, advirtió Edmond Frederic Grieger, socio del despacho de abogados Von Wobeser y Sierra, quien anticipó que también contemplarán el arbitraje internacional considerado como mecanismo para resolver disputas en el marco del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP).
“Alrededor de 20 empresas mineras que operan en México y 20 despachos de abogados que representan a empresas canadienses y de Estados Unidos nos han manifestado sus intenciones de ampararse contra las reformas a la Ley Minera por considerar que están violentando sus derechos y que se les están cambiando las reglas de juego (...) En unos meses empezaremos a ver arbitrajes internacionales en paneles”, indicó el experto.
Los senadores de Morena aprobaron reformas a la Ley Minera que disminuye de 100 a 80 años la duración de las concesiones mineras, además de prohibir el otorgamiento de permisos en zonas donde hay escasez de agua o en áreas naturales protegidas y se espera que el Ejecutivo Federal publique los cambios en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
“Tenemos una iniciativa más flexible, pero aún hay temas que preocupan al sector y que abonan incertidumbre a las inversiones existentes y a las que están por venir. Necesitamos que haya un diálogo para minimizar el impacto de estas reformas”, comentó Raúl García Reimbert, presidente del Colegio de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, A.C. (CIMMGM).
Para el socio del despacho de abogados Von Wobeser y Sierra, las impugnaciones por parte de los concesionarios derivarán de las nuevas cargas obligacionales a los concesionarios que tienen títulos vigentes con derechos adquiridos basados en la ley minera anterior.
“En los artículos transitorios que se aprobaron hay una serie de obligaciones adicionales para quienes ya tienen títulos de concesión. Les quieren imponer cartas de crédito para garantizar los daños que se pudieran ocasionar con las actividades de exploración y extracción. Ahí es donde vamos a ver la ‘lluvia’ de amparos porque los concesionarios querrán proteger sus derechos adquiridos”, aseguró Edmond Grieger.
La eliminación de los conceptos de Terreno libre y Primer solicitante, son los elementos que más preocupan a las empresas porque con ellos el gobierno podría “legalizar” el no otorgamiento de concesiones a privados, al dar el monopolio de exploración al Servicio Geológico Mexicano (SGM), advirtió la Cámara Minera de México (Camimex).
“Si algún interesado identifica que hay recursos minerales, debe pedirle al SGM que realice los estudios correspondientes para identificar los minerales en un plazo de cinco años, pero el Servicio no tiene recursos, ahí veremos retrasos e ineficiencia en los procesos para que el sector se pueda desarrollar. No dudo que por este punto lleguemos a arbitrajes en paneles internacionales”, agregó el abogado.
Las mineras invierten alrededor de 13 mil 246 millones de pesos sólo en exploración, esto significa que destinan hasta 11 veces más que el presupuesto destinado para el SGM, que en 2023 fue de mil 193 millones de pesos.
“En las próximas semanas la secretaria de Economía Raquel Buenrostro visitará algunas de las operaciones mineras más importantes del país para que conozca el funcionamiento y ahí buscaremos plantear nuestras inquietudes”, aseguró Luis Humberto Vázquez San Miguel, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM).
Hasta ahora, la minera canadiense Silver Bull Resources presentó en marzo al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativa a Inversiones (CIADI) su intención de reclamar daños económicos por al menos 178 millones de dólares por el bloqueo de su Proyecto Sierra Mojada desde septiembre de 2019.
La estadounidense Vulcan Materials presentó al CIADI un reclamó por un daño estimado por al menos mil 900 millones de dólares en contra de México por la clausura y ocupación de la mina Sac-Tun (antes Calica) y del muelle de Punta Venado en Playa del Carmen desde mayo de 2022, en espera de obtener una resolución.