En el conflicto entre productores de maíz y las autoridades de Sinaloa por precios justos se debe respetar el Estado de derecho, y no atentar la certidumbre jurídica al promover la toma de instalaciones del sector privado, manifestó la Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin).
En un comunicado conjunto con la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (CANAMI) acusó que las declaraciones del gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, de tomar las instalaciones de Gruma, Cargill y Minsa como solución al problema, no toman en cuenta el riesgo que ello representa para la seguridad alimentaria del país.
“El llamado del mandatario estatal podría tener repercusiones negativas en todo el país, porque es contrario al estado de Derecho. Esta no es la vía para resolver un conflicto y menos cuando se pretende tomar instalaciones de empresas que generan empleo, inversión y oportunidades”, expuso.
El gobernador de Sinaloa hizo un llamado a través de sus redes sociales a los productores de maíz para que “su legítima lucha por precios justos para el maíz, no afecte los derechos de las y los ciudadanos usuarios del Aeropuerto de Culiacán”.
Invitó a que “vayamos juntos a protestar contra los verdaderos responsables de que sus cosechas se malbaraten: Gruma, Cargill y Minsa. Soy su aliado y codo a codo con ustedes, exigiré trato y precio justo a su trabajo”.
Tanto la Concamin como la CANAMI indicaron que esta situación podría provocar que así como hoy se pretende atentar contra la industria del maíz, luego pueda suceder lo mismo con cualquier otra industria.
“Por eso, el llamado a la responsabilidad a las partes en conflicto”, instó. De la misma forma, llamaron a las autoridades federales y estatales a instalar una mesa de diálogo que permita encontrar una solución para el corto y largo plazos de manera que siga la competitividad del país.