Mallinckrodt planea declararse en quiebra por segunda vez en menos de tres años después de luchar contra caídas comerciales y para mantenerse al día con los pagos de un acuerdo de mil 700 millones de dólares que resuelve una ola de demandas que acusan al fabricante de medicamentos de alimentar la epidemia de opioides en Estados Unidos.
La compañía de 156 años planea solicitar la protección del Capítulo 11 en Delaware en los próximos días, dijo en un documento. Mallinckrodt ha llegado a un acuerdo tentativo de reestructuración con los acreedores, según el documento.
Mallinckrodt se declaró en quiebra anteriormente en octubre de 2020, uniéndose a otros fabricantes de opioides, incluido el fabricante de OxyContin, Purdue Pharma LP e Insys Therapeutics, que recurrieron al Capítulo 11 para resolver costosos litigios sobre su papel en la crisis de los medicamentos.
Dos meses después, en ese mismo año, el Departamento de Justicia de Estados Unidos entabló una demanda contra Walmart, alegando que la cadena despachó ilegalmente sustancias controladas a través de sus farmacias, lo que contribuyó a impulsar la crisis de opioides en la nación.
La demanda civil señaló el papel que las farmacias de Walmart pueden haber tenido en la crisis al surtir recetas de opioides y al distribuir ilegalmente sustancias controladas a sus farmacias durante el apogeo de la crisis.
Mallinckrodt obtuvo un amplio apoyo para el acuerdo sobre opioides destinado a compensar a hospitales, estados, tribus e individuos perjudicados por sus productos. La compañía realizó un pago inicial de 450 millones de dólares en junio de 2022, cuando salió de su primera quiebra, pero su negocio se ha tambaleado debido a la decepción de las ventas de su exitoso fármaco, Acthar Gel.
A petición de sus prestamistas, Mallinckrodt comenzó a sopesar sus opciones antes de un pago de liquidación de opioides de 200 millones de dólares que vence el 16 de junio, preocupado de que el pago pudiera afectar sus finanzas.
La compañía ha dicho que entiende que el acuerdo es importante para ayudar a combatir la crisis de opioides en el país y financiar servicios de tratamiento de adicciones en medio de críticas de víctimas individuales.