El gobierno buscará reducir la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) cobrada por los concesionarios de aeropuertos en el país, con lo que intenta mesurar las ganancias de los tres grupos aeroportuarios en el país: Asur, OMA y GAP, advirtió una fuente gubernamental a El Financiero.
La fuente, que pidió mantener el anonimato, explicó que las concesiones sirven para dar un servicio público, pero no debe ser usada para dar “servicios caros”.
“Los concesionarios deben ganar, sí, pero dentro de un margen razonable”, refirió luego de que el jueves se diera a conocer que la Agencia Federal de Aviación (AFAC) modificó, sin previo aviso, el apartado en donde se fijan las tarifas que puede cobrar un concesionario por el uso de aeropuertos.
La fuente señaló que la reducción dependerá de cómo se negocien las modificaciones con los grupos aeroportuarios, quienes, admitió, podrían ir a juicio.
No obstante, aunque el gobierno estima que podría demostrar que los grupos “no merecen la concesión por abusos en los cobros”, el objetivo de la actual administración no es quitar las concesiones.
“No llegaremos a eso, a nadie le conviene ni quiere ‘a estas alturas del partido’”, agregó la fuente.
Las Tarifas de Uso de Aeropuerto son cuotas pagadas por los viajeros y pueden representar hasta el 60 por ciento del costo de un boleto de avión.
El gobierno tiene fórmulas establecidas en los títulos de concesión para que estas tarifas tengan un máximo que se puede cobrar y depende si la ruta es nacional o internacional.
En ese sentido, el aeropuerto de Culiacán, concesionado a OMA, es uno de los que más alta tiene dicha tarifa, con 822.15 pesos en un viaje nacional.
En un análisis, el Banco Intercam opinó que en promedio los aeropuertos mexicanos cobran una TUA de 30 dólares, en tanto Cancún que representa el 18 por ciento del tráfico total del sistema, tiene una tarifa de 12 dólares.
“La reducción en las TUA no detonarían una mayor demanda de vuelos, ya que el consumidor no decide volar a uno u otro destino, o bien elegir otro medio de transporte cuando se reducen de manera poco significativa los precios. El título de concesión garantiza implícitamente de retorno sobre el capital invertido”, expresó Intercam.
Información de las emisoras indica que el Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur), que tiene el principal puerto aéreo turístico del país, ha tenido ganancias por 10 mil 181 millones de pesos en los últimos cuatro trimestres.
Brian Rodríguez, analista de Monex para el sector aéreo, señaló que aunque aún no se puede establecer cuál es el impacto de la medida tomada por el gobierno, es probable que esta decisión impacte en los ingresos de los concesionarios.
“Siempre que haya un ajuste en tarifas, esto impacta al nivel ingresos, siempre habrá algún reto, pero es complicado medirlo”, remarcó el experto.
Entre los concesionarios en México, el Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA) sería el más expuesto a la reducción en las tarifas máximas aplicables, pues, en el primer semestre del año, del total de sus ingresos, casi el 80 por ciento están relacionados con el segmento aeroportuario.
Por su parte, casi el 60 por ciento de los ingresos del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) están relacionados con el cobro de tarifas aeroportuarias, mientras que el Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) tiene el 60.2 por ciento de sus ingresos por fuentes relacionadas a los aeropuertos.
Rodríguez añadió que uno de los factores a considerar dentro del plan de reducción es que los máximos aplicables para el cobro de tarifas están relacionados con los planes maestros de desarrollo, que dirigen las inversiones quinquenales de los grupos aeroportuarios y que están ligados a sus ingresos.
En el caso de Asur es este año cuando tiene que presentar sus planes de inversión, los cuales funcionan como una parte de la contraprestación que se debe hacer al gobierno a cambio de la concesión de un aeropuerto. A GAP le corresponde anunciar su plan maestro de desarrollo el año siguiente y, a OMA, hasta 2025.
Una de las claves en esta directriz del gobierno estará en cuando iniciarán a aplicarse las medidas, porque, si bien la notificación hecha a los grupos aeroportuarios tiene el carácter de inmediatas , lo cierto es que deberá seguir un proceso de negociación, según fuentes del gobierno.
La tensa relación del presidente con el sector de la aviación ha ido más allá de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco después de que la construcción ya había avanzado. En cambio, optó por mantener el Aeropuerto Benito Juárez y construir el de Santa Lucía, que ha tenido dificultades para atraer pasajeros y aerolíneas.
Desde la cancelación, México ha tenido que utilizar gran parte de las tarifas que se utilizarían para el mantenimiento del principal aeropuerto de la capital para pagar los intereses de la deuda contraída por el proyecto desechado y, al mismo tiempo, reducir las operaciones en el AICM. Ahora trabaja en la creación de una aerolínea estatal con la ayuda del ejército.
Los cambios afectarán a todo el sistema tarifario, incluidos cargos a los pasajeros, los servicios aeroportuarios por el uso de pistas y el arrendamiento de espacios a aerolíneas y proveedores, según una persona con conocimiento del asunto, que pidió no ser identificada porque se trata de información privada.