La expansión del crimen organizado en los últimos años, así como el incremento de la violencia armada en distintas regiones del país, tienen un fuerte impacto en las cadenas de suministro y en la producción de diversos sectores empresariales como la minería, un sector en el que México se ha posicionado en el cuarto lugar como el más peligroso de América Latina para ejercer la actividad.
“La inseguridad ha afectado a las regiones mineras más importantes de México como Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Guerrero y el Estado de México, donde las empresas han tenido que destinar entre 5 y 10 por ciento más a su presupuesto de seguridad para combatir los altos índices de inseguridad”, indicó Luis Humberto Vázquez, presidente de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México (AIMMGM).
En noviembre pasado, el robo de dos tráileres que transportaban concentrados minerales de plata provocó que la canadiense Pan American Silver, tomara la decisión de cerrar temporalmente su mina La Colorada, ubicada en Zacatecas.
En Jalisco, desde 2019, sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) operan, con total impunidad la mina El Pilón, de Minera el Pilón (filial de First Majestic Silver Corporation), sin que hasta el momento las autoridades hayan actuado para que los concesionarios puedan recuperarla.
Bajo este panorama, el Instituto Fraser de Canadá, colocó a México como el cuarto país más inseguro de América Latina para llevar a cabo la actividad minera, sólo por debajo de Venezuela, Colombia y Nicaragua. A nivel global, el Instituto colocó a México en el lugar 73 de 84 jurisdicciones evaluadas en materia de atracción de inversión.
De acuerdo con la encuesta, 88 por ciento de los participantes consideran que la inseguridad en México es un factor que define en cierta medida su decisión de inversión, de los cuales 9 por ciento dijo que es el definitivo por el que considera o no poner su capital a operar.
Pese a la riqueza mineral de México, especialmente en oro y plata, la inseguridad ha golpeado a las inversiones del sector, que disminuyen hasta 34.5 por ciento desde 2012, cuando se inyectaron a la industria 8 mil 43 millones de dólares, mientras que para 2022, la Cámara Minera de México (Camimex) estimó las inversiones en 5 mil 265 millones.
“Resolver la inseguridad no es un tema sencillo, incluso nos hemos visto obligados a pagar al crimen organizado el cobro de derecho de piso y esto se lo hemos comunicado a las autoridades”, añadió el presidente de la AIMMGM.
Robo a transporte pega minería
En el último año, el robo a transportistas se ha incrementado en 11.5 por ciento a nivel nacional, en especial, aquellos cometidos con violencia. Los sectores de alimentos y abarrotes, materiales de construcción, textiles y materias primas son los principales afectados, por lo que urgen la participación de las autoridades para reducir este delito.
“Hay problemas en materia de seguridad, el tema de robo a camiones es uno de los que más nos preocupan, necesitamos una estrategia en la que colabore la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación para actuar en los seis estados donde se comente el 70 por ciento de los robos a transporte”, comentó José Abugaber Andonie, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin).
Explicó que, si bien la industria minera es una de las menos golpeadas por el robo a transporte, no se deben minimizar las afectaciones que ha sufrido este sector, ya que muchas de las operaciones mineras se encuentran en los estados con mayores índices de este delito, como es el caso de Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Puebla, Veracruz y Michoacán.
“El 20 por ciento de las mercancías que se roban son alimentos, 20 por ciento materiales de construcción, 30 por ciento mercancías textiles y de calzado, 20 por ciento materiales relacionados con automotrices y 10 por ciento más materias primas, donde se incluye a la minería”, añadió.
Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), revelan que de enero a mayo de 2023, a lo largo del país se integraron 3 mil 947 carpetas de investigación por robo a transporte de carga; unas 408 indagatorias más que las registradas en 2022.
Lo anterior también significa un repunte respecto a los tres últimos años, ya que, en los periodos similares de 2020, 2021 y 2023, la incidencia delictiva en transporte presentó una tendencia a la baja.