Organizaciones provapeo denuncian que el decreto del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por prohibir los vapeadores y cigarros electrónicos es incentivar el mercado negro e inconstitucional.
“El hecho que el presidente insista en sostener la prohibición y ahora proponer que se incluya en la constitución es un despropósito a otorgar garantías y derechos a los ciudadanos, lo que están haciendo es generar un mercado negro con todas las consecuencias de violencia”, dijo Tomas O’Gorman, miembro fundador de la organización civil ProVapeo.
En entrevista señaló que la prohibición hoy en día ya existe sustentada en el decreto que se ha llegado a declarar inconstitucional en algunos amparos, de los cuales se acumulan unos 25, principalmente encabezados por la industria tabacalera que son Philip Morris, British American Tobacco y Japan Tobacco International; y grandes minoristas como Grupo Sanborns.
“El problema más grande es que el discurso es combatir a las grandes empresas tabacaleras, que supuestamente son las que están comercializando estos productos para enganchar a la juventud, y precisamente las tabacalera grandes de México, todas tienen amparo, junto con las tiendas de conveniencia, entonces a los únicos que terminan golpeando son a los pequeños empresarios que son los que medianamente pueden explicarle a la gente el funcionamiento de los dispositivos” consideró Juan José Cirión Lee, presidente de la organización México y el Mundo Vapeando.
El Financiero buscó postura por parte de las tabacaleras, sin que al cierre del texto se tenga respuesta, donde únicamente Philip Morris compartió que analizan la propuesta del presidente de México.
El ejecutivo de México envió este lunes 5 de febrero a la Cámara de Diputados con proyecto de decreto adicionar diversas disposiciones a los artículos 4o. y 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de la salud por el uso de sustancias tóxicas, como se catalogó al vapeadores, cigarro electrónico y fentanilo.
“La presente iniciativa tiene por objeto garantizar, por parte del Estado, el cumplimiento efectivo del derecho a la salud, para lo cual se propone prohibir la producción, distribución y enajenación de cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos electrónicos análogos que señale la ley”, se apuntó en el documento.
Se recordó que en diciembre del 2020, julio del 2021, y octubre del 2021, se expidieron diversos decretos con el objetivo de superar las objeciones de inconstitucionalidad en que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación (SCJN) ha insistido para permitir el acceso de estos sistemas o dispositivos al mercado mexicano donde denuncian que siempre se ponderó la libertad de comercio a las empresas y comercializadoras, en decremento de la salud de la población mexicana.