El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere que el ‘sueño’ de comprarse una casa sea más fácil para los mexicanos. En su paquete de 20 iniciativas enviado al Congreso, el mandatario propone que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) pueda construir vivienda social para los trabajadores y ponerla a disposición de ellos a través de esquemas de arrendamiento.
Dentro del grupo de iniciativas presentadas el 5 de febrero en el Recinto Parlamentario de Palacio Nacional, López Obrador incluyó una propuesta para reformar la Fracción XII del apartado A del Artículo 123 de la Constitución Política, esto para cambiar el sistema de financiamiento del Infonavit y ofrecer vivienda barata y brindar acceso al arrendamiento.
¿De qué trata la reforma de AMLO al Infonavit?
“Entre otros objetivos destacan que el Infonavit pueda construir vivienda para que los trabajadores puedan adquirirla en un esquema de renta social o en propiedad”, señala la propuesta. Además destacó que “cuando se trate de esquemas de arrendamiento, la mensualidad que se cobre a la persona trabajadora no podrá exceder 30 por ciento de su salario”.
Hasta el momento el Infonavit no ha respondido sobre esta propuesta o pronunciado algún comentario sobre la iniciativa.
Con este plan, los trabajadores afiliados al instituto que tengan un año de cotización podrían tener acceso a una vivienda en renta del Infonavit. La iniciativa también plantea que puedan adquirirla si mantienen el pago de la renta por 10 años.
El documento establece que si dará prioridad a trabajadores con mayor antigüedad y sin vivienda propia.
“El fondo establecerá un esquema de vivienda con orientación social que permitirá a las personas trabajadoras obtener crédito barato y suficiente para su adquisición o mejora; también podrá invertir sus recursos en la construcción de vivienda para que la persona trabajadora pueda adquirirla o arrendarla”, se lee en los cambios propuestos.
¿Qué otras iniciativas mandó AMLO al Congreso?
El presidente cumplió con su ‘amenaza’ a los organismos autónomos. Una de sus 20 iniciativas propone la eliminación de esos entes y que sus funciones sean ‘absorbidas’ por otras secretarías. La reforma establece esta transferencia de facultades:
Las de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) pasarán a la Secretaría de Economía.
Las del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
Las del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) a la Secretaría de la Función Pública en lo que respecta a la administración pública federal; al órgano de control y disciplina del Poder Judicial; a los órganos de control de los organismos constitucionales autónomos; y a las contralorías del Congreso de la Unión.
Las del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL) al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Las de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) a la Secretaría de Energía.
Otras de las reformas enviadas por López Obrador al Congreso de la Unión son:
- Reconocer a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente.
- Reafirmar el derecho a la Pensión del Bienestar para las personas adultas mayores a partir de los 65 años, y aumentar el monto año con año, y lo mismo para personas con discapacidad.
- Otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles.
- Garantizar atención médica gratuita
- Prohibir el maltrato a los animales.
- Proscribir en el territorio nacional la extracción de hidrocarburos mediante fracking. No otorgar concesiones mineras.
- Hacer respetar las zonas con escasez de agua y sólo autorizar concesiones para uso doméstico.
- Prohibir el comercio de vapeadores y drogas químicas como el fentanilo.
- No permitir, bajo ninguna circunstancia, que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación.
- Que el salario mínimo de maestros, guardias nacionales, policías y enfermeros no deberá ser menor al salario promedio de trabajadores del IMSS.
- Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la de Ernesto Zedillo como la de Felipe Calderón porque “afectan injustamente” a trabajadores del IMSS y el ISSSTE.
- Elevar a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, para que cuando no tengan trabajo, el Estado los contrate y les otorgue un salario mínimo durante un año mientras se forman y capacitan.
- Elevar a rango constitucional los programas Sembrando Vida, Producción para el Bienestar, Precios de Garantía y la entrega gratuita de fertilizantes para cumplir con “un acto básico de justicia, que coman los que nos dan de comer”.
- Establecer los 18 mil kilómetros de vías férreas para transporte de pasajeros, y que el Estado garantice el acceso a Internet. En ese punto, también enlistó la iniciativa de reforma energética que busca devolverá el carácter público a la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
- Reducción de los gastos destinados a campañas y partidos políticos,; la disminución de regidores en gobiernos municipales; evitar el uso de estructuras burocráticas electorales; eliminar a los legisladores plurinominales y que los consejeros sean electos por voto popular.
- La iniciativa de reforma al Poder Judicial: Contempla la elección de jueces, magistrados y ministros.
- Que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional.
- Convertir en política de Estado la austeridad republicana. Es decir, redactar de nuevo el artículo 128 constitucional para que nadie gane más que el presidente.