De aprobarse la iniciativa de reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador, que busca prohibir el otorgamiento de concesiones mineras a cielo abierto en México, las consecuencias para el desarrollo económico del país serían muy graves, toda vez que esta actividad aporta más de 150 mil millones de pesos al año en impuestos federales, advirtieron organismos representantes del sector minero en Sonora.
“La minería a cielo abierto ha sido históricamente una fuente significativa de ingresos, empleo y bienestar en las comunidades donde se desarrolla, contribuyendo con el 59 por ciento del valor de la producción minera nacional, generando crecimiento y estabilidad económica en el país”, señaló la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México del Distrito Sonora (AIMMGM Sonora).
Actualmente, Sonora se ubica en el primer lugar de la producción nacional del sector minero, ya que aporta el 31.4 por ciento de la participación de esta actividad.
De acuerdo con la Cámara Minera de México (Camimex), de los mil 218 proyectos mineros que existen actualmente en 26 estados del país, el mayor número se concentra en Sonora, con 282; Chihuahua, con 160, Durango, con 128.
Con lo anterior, la AIMMGM Sonora, el Clúster Minero de Sonora, la Asociación de Minero de Sonora, Minería Sonora Siglo XXI y la Asociación Real de Minas de San Javier, exigieron al Congreso analizar con detenimiento la iniciativa para no afectar el desarrollo económico de Sonora y del resto de los estados que tienen minas a cielo abierto.
“Solicitamos a los legisladores reconsiderar esta iniciativa y buscar soluciones que equilibren la protección del medio ambiente con el desarrollo económico, salvaguardando los intereses de las comunidades y garantizando la viabilidad a largo plazo de la industria minera en México”, urgieron los inconformes.
Invierten 6 millones de pesos en buenas prácticas ambientales
Los organismos representantes del sector minero en Sonora aseguraron que desde hace más de una década han establecido buenas prácticas asociadas al medio ambiente con el fin de continuar promoviendo la actividad minera responsable y sostenible.
“De manera anual se invierten cerca de 6 mil millones de pesos en buenas prácticas ambientales… Aunque reconocemos que el principal argumento en contra de esta actividad productiva es el aspecto ambiental, destacamos que, a diferencia de otras actividades, las áreas minadas son susceptibles de recuperación total una vez terminado el proceso extractivo”, señalaron los organismos mineros.
Asimismo, señalaron que perjudicaría no solo a las arcas públicas del gobierno federal, sino también a las cerca de 700 comunidades aledañas a las operaciones mineras a cielo abierto; en este sentido, pidieron a los legisladores escuchar a todas las partes interesadas para que la reforma del primer mandatario sea legítima.