Aprobar la Ley Federal de Ciberseguridad antes de que termine el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador debe ser una prioridad de los legisladores, afirmó Alfredo Pacheco, director general de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti).
Sin embargo, el experto consideró que antes se debe analizar con detenimiento la propuesta para evitar una militarización del ciberespacio.
La Ley Federal de Ciberseguridad podría ser aprobada hoy en las Comisiones Unidas de Seguridad Ciudadana y Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados, lo cual ha alertado a expertos, quienes aseguran que se busca aprobar sin que haya una discusión previa relacionada con la protección de los derechos digitales de los usuarios de internet.
“Hemos venido recorriendo un camino en donde había decenas de iniciativas de ciberseguridad, se han ido eliminando varias y ahora tenemos una sola que se está discutiendo, sin embargo, necesitamos que haya más discusión porque la propuesta que se quiere aprobar busca militarizar el ciberespacio al permitir que cualquier instancia gubernamental pueda hacer espionaje”, dijo Pacheco.
El proyecto de Ley, impulsado por el diputado Javier López Casarín, prevé la creación de una Agencia Nacional de Ciberseguridad –controlada por el Ejecutivo– para que diseñe una estrategia en materia de seguridad digital.
Además, a través de esta entidad, donde participará activamente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se busca generar un registro de incidentes cibernéticos para su investigación.
Derivado de la investigación, la Agencia tendrá la facultad de generar un padrón de ciberdelitos que permitirán, tanto al Ejército como a la Guardia Nacional y a la FGR, acceder a la información de los usuarios, además de eliminar direcciones IP, dominios y sitios de internet de manera discrecional como parte de su monitoreo.
“Esto es algo que no nos beneficiaría como país, espiar a los usuarios es prácticamente atentar contra las libertades. Necesitamos una Ley de Ciberseguridad que ponga por encima los derechos digitales y no criminalice a los usuarios”, dijo a El Financiero el directivo de Canieti.
“La sociedad civil, la IP y los colectivos de derechos digitales se oponen a esta iniciativa que criminaliza a los usuarios. En la Cámara de Diputados sólo invitaron a entidades gubernamentales, agencias de investigación y militares porque planean censurar todas las voces que estamos en contra”, alertó Jersain Llamas, abogado especialista en Ciberseguridad.