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Expropiación de Calica viola acuerdo comercial entre México y EU

El presidente López Obrador había alegado previamente daños ambientales y envió a las fuerzas armadas a ocupar el terreno.

Desde 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que los terrenos de Sac Tun serían expropiados a fin de utilizarlos para la construcción de un parque recreativo. (Moisés Pablo Nava)

México expropió un puerto y una cantera propiedad de Vulcan Materials en Quintana Roo, luego de la publicación de un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que declaró área natural protegida a la zona ubicada el sur de Cancún y Playa del Carmen, con lo que la empresa estadounidense no podrá extraer piedra caliza en la mina.

“Estamos al tanto de la expropiación del puerto de Punta Venado y nuestra cantera Sac Tun cerca de Playa del Carmen, México, por parte del presidente (…) esto es una parte más de una serie de amenazas y acciones de la actual administración contra nuestras operaciones, operaciones que son legales y cuentan con las autorizaciones necesarias en el país”, refirió la empresa.

Agregó que la expropiación del puerto y la mina Calica representa una violación al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) que amenaza con paralizar la relación comercial y las inversiones entre ambos países.

“Esta medida ilegal tendrá un efecto paralizante en las relaciones comerciales e inversión entre los Estados Unidos y México. Este último acto nos priva del uso de nuestros terrenos y, por lo tanto, nos defenderemos empleando todas las vías jurídicas disponibles”, agregó la compañía, dirigida por Thomas Hill.

Desde 2022, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que los terrenos de Sac Tun serían expropiados a fin de utilizarlos para la construcción de un parque recreativo, mientras que la terminal marítima de Puerto Venado podría ser utilizada como una terminal para privados de cruceros y ferrys.

Así, desde noviembre de 2023, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) señaló que las 2 mil 400 hectáreas pertenecientes a Vulcan Materials estaban en proceso de ser declaradas Área Natural Protegida, con lo que expropiarían los terrenos de la empresa de origen estadounidense, con sede en Alhabama.

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, que asumirá el cargo el 1 de octubre, no ha hecho comentarios públicos sobre el asunto de Vulcan desde su victoria. Pero hace un año dijo que esperaba que la empresa aceptara la oferta del gobierno de comprar el terreno.

Conflicto de larga data

El año pasado, Vulcan buscó la intervención de la administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden contra lo que veía como la amenaza de una expropiación gubernamental de la propiedad de la Riviera Maya.

La empresa dijo que una tasación de 360 millones de dólares que el gobierno de México ofrecía por los terrenos y el huerto estaba infravalorando profundamente los activos.

El lunes pasado, un grupo bipartidista de senadores estadounidenses propuso una ley para presionar al presidente López Obrador para que diera marcha atrás en el plan de expropiación.

Vulcan ha estado en litigio con México desde 2018 bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ( Nafta). El pacto fue reemplazado por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá durante la administración Trump.

El presidente López Obrador había alegado previamente daños ambientales y envió a las fuerzas armadas a ocupar el terreno. El director general de Vulcan defendió su historial ambiental.

Vulcan no es la única empresa extranjera que ha recurrido a la justicia tras una intervención del gobierno de López Obrador.

En diciembre, México tomó el control de las operaciones de una planta de procesamiento de hidrógeno propiedad del fabricante francés de gases industriales Air Liquide.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, ha advertido que las empresas pueden perder la confianza en México como destino de inversión como consecuencia de la reforma judicial impulsada este mes en el Congreso.

El cambio elimina un control del poder gubernamental al hacer que los jueces federales sean elegidos democráticamente, incluso en la Suprema Corte.

—Con información de Bloomberg

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