Durante varios años, los cruceristas que llegaron a México gozaron de una exención en su arribo al país, pues no pagaban la emisión de un documento migratorio al no pernoctar, o hacerlo por un periodo corto, en el país; esto se acabó.
La Cámara de Diputados aprobó cambios a la Ley de Derechos del 2025, en la que elimina la exención a los cruceristas de ese pago, el cual había sido negociado por las navieras y el gobierno para que estas siguieran programando barcos en las costas mexicanas.
“(Se) elimina la exención del pago del derecho por la expedición del documento migratorio para los pasajeros extranjeros que ingresan al territorio nacional, con fines turísticos, por vía marítima a bordo de buques de crucero, prevista en el inciso b), fracción II del artículo 11 de la Ley Federal de Derechos, con el objetivo de garantizar un control migratorio eficiente y mejorar la recaudación de los derechos migratorios”, refiere lo aprobado por los Diputados la tarde del martes.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Marina (Semar), con cifras acumuladas a septiembre, México ha recibido poco más 7 millones de cruceristas.
La medida afectaría principalmente a Cozumel, un destino que depende económicamente de la afluencia de los barcos
Aún se desconoce si las empresas de cruceros tomarán nuevas medidas o cancelarán itinerarios por el nuevo cobro aprobado por el legislativo mexicano.
¿A dónde irán los recursos obtenidos de tarifas a cruceros?
Los cambios a la Ley Federal de Derechos del año siguiente, que fue aprobada este martes por los diputados y pasará al Senado, establece que el Derecho de No Residente, que antes era usado con fines de promoción turística, pasará a las arcas de la Sedena en un 67 por ciento.
El resto será ingresado a la Tesorería de la Federación como recursos sin destino específico para el gasto público.
Adicionalmente, la contribución que hacen los aeropuertos privados, que entregan el 9 por ciento de sus ingresos brutos como contraprestación de sus concesiones, será ahora parte del capital de las Fuerzas Armadas, que se dividirán el 60 por ciento para el ejército y el resto para la Marina, ambas instituciones involucradas en el control aeroportuario.