El pleno del Senado aprobó la desaparición de siete órganos autónomos, entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), con lo que se transferirán sus funciones a la Agencia de Transformación Digital, lo que de acuerdo con expertos propiciará la concentración y favorecerá prácticas monopólicas, lo que significa menor competencia y como consecuencia aumento en los precios de la telefonía, el internet y la televisión de paga.
Durante la sesión ordinaria del 28 de noviembre, el Senado de la República aprobó que el IFT, así como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión de Competencia Económica (Cofece) y la Comisión Reguladora de Energía (CRE) sean ahora de distintas dependencias.
En la última década el IFT logró que los precios de las telecomunicaciones en conjunto se redujeran 33 por ciento, mientras que la inflación en ese mismo periodo fue de 66 por ciento, informó Javier Juárez Mojica, comisionado presidente del IFT.
“Lo que nos muestra la evidencia es que la competencia es el mejor mecanismo para generar bienestar para todos los mexicanos. En una década del IFT tenemos que los precios de telecomunicaciones en su conjunto se han reducido más de 33 por ciento, cuando la inflación en ese mismo periodo ha sido de más del 66 por ciento”, aseguró Juárez Mojica.
Desde 2014, el IFT funcionó como un regulador independiente en telecomunicaciones y radiodifusión y en un década el organismo logró que entrarán al mercado AT&T y Movistar, trayendo consigo una mayor competencia y opciones de servicio para los usuarios, al reducir las barreras a la entrada de nuevos participantes frente al actor dominante, América Móvil.
Gerardo Flores, miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) opinó que los cambios aprobados no toman en cuenta al usuario, debido a que el único argumento que dieron las autoridades fue el ahorro de recursos.
“El usuario es quien queda más desprotegido. Toda la iniciativa gira en torno al presupuesto, no se hizo una evaluación sólida de cómo esos órganos contribuyeron a mejorar los servicios y esto, al final de cuentas, deja a los usuarios relegados al último término, sin ser considerados por los legisladores”, expuso el analista del IDET.
El organismo descentralizado propuesto por Morena, la Agencia de Transformación Digital será independiente y tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio. Además integrará las facultades de competencia que tenía el IFT en telecomunicaciones y radiodifusión.
“La nueva regulación va a ser menos eficaz que la que ya teníamos y esto por supuesto abre la puerta para que haya mayor opacidad y corrupción en el sector o para favorecer prácticas monopólicas que atenten contra los derechos de los usuarios”, afirmó Flores.
Ahora las funciones de regulación de la industria de las telecomunicaciones y radiodifusión (concesiones, permisos, regulación, licitaciones de espectro radioeléctrico, etc.) pasarán a la nueva Agencia que encabeza José Antonio Merino.
“Si bien se tiene previsto que este organismo mantenga una gestión independiente de las secretarías de Estado y del Ejecutivo, la clave va a estar en los nombramientos de sus titulares, porque ahí es donde vamos a ver si hay especialistas en telecomunicaciones y regulación asimétrica”, advirtió Gerardo Flores, quien aseguró que, de no haber perfiles especializados en el sector, se corre el riesgo de que no haya piso parejo para los inversionistas.
Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (Amedi), afirmó que la propuesta de Morena aún sigue violando el artículo 18, sección 17 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), porque la Agencia rendirá cuentas a un dueño de un proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones, en este caso del gobierno que es dueño de CFE Telecom, lo que está prohibido en el tratado.
“Hay una improvisación para supuestamente no violar el T-MEC, pero en el fondo no se dan cuenta que sí lo están haciendo, están centralizando el sector de las telecomunicaciones porque con la Agencia van a tener en sus manos la regulación de las telecomunicaciones, pero al mismo tiempo van a ser proveedores de servicios con CFE Telecom y es ahí donde claramente está la violación.”, detalló el presidente de la Amedi.
En una década, el IFT impuso sanciones a Megacable, Televisa y América Móvil, que hoy es considerada como el Agente Económico Preponderante en Telecomunicaciones (AEP-T) y a quien le impusieron medidas asimétricas que permitieron reducir su participación en el mercado de internet fijo de 72 a 37 por ciento en 10 años.
En el caso de las telecomunicaciones móviles, las medidas asimétricas impuestas por el IFT permitieron reducir la participación de mercado de Telcel en 10 puntos porcentuales, al pasar de 69 por ciento a 59 por ciento de participación en el mercado mexicano.
Además el acceso a servicios de banda ancha móvil se cuadruplicó en México, mientras que el acceso a internet en los hogares, pasó de ser de 40 a 70 de cada 100 hogares conectados, la mayoría de ellos a través de fibra óptica.
IFT advierte incertidumbre y limitaciones de competencia
El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) advirtió que con la aprobación en el Senado de la extinción de los organismos autónomos se generará un entorno de incertidumbre en la regulación para garantizar la competencia económica en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
El IFT afirmó que el decreto aprobado establece un modelo institucional que eliminaría la autonomía constitucional y dividiría sus facultades regulatorias entre diversas instancias.
En este sentido, el órgano regulador de las telecomunicaciones resaltó que el mejor diseño institucional para la regulación es la autonomía constitucional.
“Conjugar las facultades de regulación sectorial y de competencia económica en un regulador convergente ha permitido implementar una regulación efectiva para que los mexicanos cuenten con mejores servicios a un menor precio”, detalló el IFT en un posicionamiento.
El IFT pidió a las autoridades que en las leyes secundarias se pueda analizar la imparcialidad técnica, independencia presupuestaria y la toma de decisiones colegiadas, ya que todas son elementos indispensables para la aplicación de la política de competencia en los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión.
“Se requiere un órgano regulador sectorial, que garantice decisiones técnicas e imparciales, lo cual es particularmente relevante en el contexto actual, en el que existen concesionarios con participación pública que operan redes de telecomunicaciones y prestan estos servicios en el país, sin comprometer el cumplimiento de acuerdos internacionales a los que está suscrito el Estado Mexicano”, indicó el IFT.
Además, sostuvo que es indispensable mantener el capital humano especializado, resultado de años de capacitación e inversión de recursos para la formación de personas servidoras públicas por parte del Estado Mexicano.