Mexicana de Aviación, que se quedó sin las aeronaves de su socio TAR, transportó a solo 53 pasajeros en promedio por cada uno de sus vuelos realizados en su primer año de operación.
Para dimensionar, los aviones de Mexicana (que pertenecen al Ejército) tienen 180 plazas.
Mexicana de Aviación transportó a 384 mil 132 pasajeros en 2024, un promedio de mil pasajeros atendidos diariamente, en 19 operaciones por día realizadas durante su primer año de funcionamiento, esto de acuerdo con datos oficiales.
La paraestatal aérea, realizó poco más de 7 mil vuelos. Los principales destinos de Mexicana de Aviación durante 2024 fueron Tijuana, Tulum y Mérida, pero la oferta de viajes de la aerolínea se redujo durante el fin de semana después de que se anunció la cancelación de 8 rutas, que incluyen a Acapulco y Vallarta.
¿Cuánto dinero ha dado el Gobierno de México para subsidiar a Mexicana de Aviación?
A reserva de conocer los estados financieros del cuarto trimestre de 2024, la aerolínea estatal acumula pérdidas por 932 millones de pesos entre enero y septiembre.
Producto de los ingresos insuficientes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha tenido que aumentar la transferencia de subsidios a Mexicana de Aviación: Al inicio de 2024, se estimaron transferir solo 119 millones de pesos; no obstante, según el último registro de subsidios está previsto cerrar en más de 2 mil millones de pesos.
Además de la pérdida financiera, sobre la aerolínea pesa un proceso judicial. El Gobierno de México, particularmente el área jurídica de Mexicana de Aviación y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) han evitado a toda costa ser notificadas sobre el proceso legal que la empresa SAT Aero interpuso en su contra por el presunto incumplimiento de contrato y por el cual exigen una compensación de 9.9 millones de dólares.
Documentos judiciales obtenidos por El Financiero, y que forman parte del juicio en Estados Unidos en la corte del distrito Sur en Nueva York, dan cuenta de la dilación que el Gobierno de México ha emprendido para no ser notificado formalmente de la denuncia.
En una carta enviada por Justin S. Nematzadeh, abogado a cargo del caso, al juez Víctor Marrero se detalla que el Gobierno mexicano tampoco ha renunciado a la notificación formal, por lo que la opción que queda es aplicarse a los convenios de la Haya, que podrían tardar entre medio año y 9 meses.
“No hemos recibido respuesta alguna a nuestros correos electrónicos y llamadas telefónicas al Ministerio de Relaciones Exteriores en relación con la petición de notificación de conformidad con el Convenio de La Haya sobre Notificación. Por supuesto, la situación puede complicarse por el hecho de que estamos pidiendo al Gobierno mexicano que efectúe la notificación a una de sus propias agencias, y nuestro abogado en México ha expresado inquietudes al respecto”, indica el abogado Nematzadeh en su misiva.
Gobierno se reserva información sobre demanda contra Mexicana
Por otro lado, el gobierno, a través de la paraestatal Grupo Aeroportuario, Ferroviario y de Servicios Auxiliares y Conexos Olmeca, Maya, Mexica (GAFSACOMM) reconoció que se encuentra en un proceso legal que la empresa SAT Aero lleva en su contra en un juzgado en Nueva York, pero confirmó la reserva de la información sobre el proceso y los contratos reclamados por la empresa.
En respuesta a una solicitud de información de El Financiero, la empresa militar aseguró que la divulgación de datos sobre el caso pondría el peligro la propia defensa de la línea aérea que funciona gracias, hasta ahora, a recursos del presupuesto.
La empresa SAT Aero, basada en Estados Unidos, pero con personal mexicano con amplia trayectoria en la aviación, presentó una demanda contra Mexicana por el presunto incumplimiento de un contrato de más de 838 millones de dólares, que incluía el arrendamiento de una decena de aeronaves con su respectivo personal para el inicio de operaciones de la aerolínea.
El proceso se inició a finales de marzo y hasta ahora, el caso se encuentra abierto. Cabe recordar que SAT Aero denunció que su equipo legal fue presionado por el Ejército para modificar algunas cláusulas del contrato que ahora está en disputa.