CIUDAD DE MÉXICO.- La nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que será presentada próximamente al Congreso le da al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) las herramientas para obligar a las empresas preponderantes a competir equitativamente.
El documento en poder de EL FINANCIERO revela que el actor señalado sometería al escrutinio del IFT –junto con la solicitud de autorización de las tarifas al público– sus paquetes comerciales, promociones y descuentos.
La autoridad revisaría la oferta y calidad de servicios, acuerdos en exclusiva, limitaciones al uso de equipos terminales entre redes, regulación asimétrica en tarifas e infraestructura de red.
Además, la desagregación de sus elementos esenciales, y en su caso, la separación contable, funcional o estructural del agente respectivo en cada sector.
La ley secundaria en telecomunicaciones deberá ser emitida por el Congreso de la Unión, después de que el Ejecutivo envíe su iniciativa, la cual pretende instrumentar los conceptos contenidos en la reforma constitucional en telecomunicaciones, que se promulgó el 10 de junio de 2013.
En lo que respecta al sector de telecomunicaciones, el preponderante someterá cada año a la aprobación del IFT las ofertas públicas de referencia para los servicios de interconexión y detalles como la compartición de infraestructura y servicios de reventa mayorista sobre cualquier servicio que preste de forma minorista.
El preponderante deberá presentar al IFT las tarifas que aplica en los servicios que presta al público; los servicios intermedios que presta a otros concesionarios, así como a su operación de manera desagregada e individual a efecto de impedir subsidios cruzados entre servicios o esquemas que desplacen a la competencia.
Según el documento, las tarifas de los servicios intermedios que provea a otros concesionarios deberán ser iguales o menores a aquellas que aplica o imputa a su operación, excepto en las casos en que esta ley disponga algo distinto.
No podrá imputarse tarifas distintas a las que tenga autorizadas ante el Instituto. El Instituto emitirá un dictamen a fin de evitar subsidios cruzados, depredación de precios o prácticas anticompetitivas, de acuerdo con el documento.
En otro apartado se establece que el IFT podrá sancionar con hasta 750 mil salarios mínimos (50 millones 467 mil 500 pesos) a los concesionarios que violen alguna de las disposiciones contenidas en la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
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