Un juzgado especializado en competencia económica otorgó el amparo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en contra de una multa que le impuso la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) por incumplir con la entrega de información relacionada a una investigación por prácticas monopólicas absolutas en el servicio de taxis.
Pero la protección de la justicia sólo implicará que la comisión revise su sanción, y emita una nueva resolución, por lo que la investigación se mantiene, así como la información que aportaron las autoridades del aeropuerto en relación a uno de sus concesionarios.
Un tribunal ratificó el amparo otorgado al AICM por el Segundo Juzgado especializado, al considerar que si bien la Cofece tiene la facultad para requerir información dentro de una investigación por prácticas monopólicas a agentes relacionados, así como a imponer multas en caso de una negativa, o de recibir información incompleta, el regulador falló al momento de motivar su decisión.
"La autoridad al momento de seleccionar la medida de apremio, debe explicitar cómo está configurada la metodología que usó (elementos, formulas, valores preasignados o cualquier elemento pertinente) y cómo operó la misma (explicación de la participación de cada uno de los elementos en el resultado), con la finalidad de que su destinatario tenga una idea clara de los motivos que llevaron a la autoridad a tomar esa decisión", explicó el Primer Tribunal Especializado en materia de Telecomunicaciones y Competencia Económica, en una sentencia publicada este martes.
La extinta Comisión Federal de Competencia lanzó desde el 2013 una investigación para determinar si existían prácticas monopólicas absolutas en los servicios de taxi que se concesionan en el Aeropuerto de la capital.
La investigación parece apuntar a la empresa Servicio de Excelencia, quien inició operaciones en el AICM en 2009, y que dejó de operar como servicio concesionado de taxi en la terminal desde el año pasado, según deja ver una solicitud de amparo interpuesta por la empresa a mediados del año, luego de que la Cofece le hiciera llegar el llamado "oficio de probable responsabilidad", que sirve como paso previo a que un agente investigado pueda defenderse ante la autoridad antimonopolios.