CIUDAD DE MÉXICO.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó a las autoridades colombianas poner en marcha diversas medidas regulatorias y administrativas para mejorar la competencia en el mercado de las telecomunicaciones, debido a los diversos rezagos que prevalecen.
Colombia es uno de los mercados más importantes para América Móvil, propiedad de Carlos Slim. Al final de 2013, esta economía le generó casi el 10 por ciento de sus ingresos al facturar más 5 millones 631 mil dólares.
En telefonía móvil, la firma con la que opera América Móvil, Claro Colombia (conocida anteriormente como Comcel), cuenta con una participación de 57.61 por ciento; en el mercado de voz fija, de 18.1 por ciento, así como de 31.1 por ciento en banda ancha, de acuerdo con información del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones colombiano.
El documento "Estudio de la OCDE sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en Colombia" asegura que en aquel país se ha mejorado el marco regulatorio necesario para una mayor competencia en los mercados fijos y móviles, de manera que se incrementen las tasas de adopción y se extiendan los beneficios de los servicios de telecomunicaciones a todos los colombianos.
Claro Colombia, el mayor operador de telefonía móvil, dispone actualmente de aproximadamente el 60 por ciento del mercado, mientras que algunos operadores incumbentes de redes fijas disfrutan de posiciones de dominio a nivel regional o local.
A pesar de las fortalezas del marco regulatorio, los niveles de adopción de la telefonía fija y banda ancha están lejos de lo que cabría esperar en un mercado vibrante y competitivo. La concentración en los mercados móviles y de televisión por suscripción es elevada tanto para los parámetros de la OCDE como para los regionales.
A pesar de que el regulador, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), es consciente de estos problemas, sólo puede desempeñar un rol decisivo si se convierte en un organismo con plena independencia del gobierno (actualmente dos de los cinco comisionados pertenecen al gobierno) y se le otorgan plenos poderes para la aplicación de la normativa y de su régimen sancionador, de los que carece en la actualidad.
