El amparo emitido por el consorcio Rivada contra la descalificación del proyecto de la Red Compartida no fue emprendido contra la SCT, sino contra la Cámara de Diputados, lo que implicaría que el amparo solicitado vaya en contra de las disposiciones de la propia Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como del acto de la Asociación Público Privada (APP), con lo que el consorcio buscaría excluirse de los juzgados especializados, de acuerdo con expertos en el tema.
El expediente número 1573/2016 con fecha del 9 de noviembre de 2016 revela que Rivada no interpuso el amparo bajo el nombre del consorcio, posiblemente para resguardar datos personales, y tampoco lo hizo en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), sino contra la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Dicho amparo provocaría la revisión del artículo décimo sexto transitorio de la Constitución Política en materia de telecomunicaciones, de acuerdo con especialistas del sector.
La síntesis del expediente número 1573/2016 con fecha del 9 de noviembre de este año, revela que Alma Delia Aguilar Chávez, la jueza del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México a la que le fue remitido el amparo, determinó que no cuenta con la competencia para resolver el caso.
Agustín Ramírez, abogado especializado en telecomunicaciones del despacho Ouraboros, señaló que aunque debe hacerse un análisis más detallado, el curso de la licitación de la Red Compartida podría complicarse, pues el juzgado especializado podría también alegar incompetencia.
"De ser así, esta controversia tendría que ser resuelta por un tribunal colegiado o en su caso, Rivada tendría que quejarse en contra de la no admisión por parte de la jueza. Todo se va a complicar", comentó el experto.
Cabe destacar que lo que determina la materia de los tribunales especializados no es el objeto del litigio, que en este caso es un asunto de telecomunicaciones, sino que provenga de un organismo institucional autónomo, como es el IFT.
Alma Delia Aguilar Chávez, la jueza en el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México a la que le fue remitido el amparo de Rivada, determinó que no cuenta con la competencia para resolver el caso.
"Vista la demanda de amparo, este juzgado determina carecer de competencia, por lo que se ordena remitirla al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con sede en la Ciudad de México, a quien se estima competente", detalla la síntesis del expediente.
Fuentes judiciales refirieron a El Financiero que se definirá entre el viernes 11 y el próximo lunes 14 de noviembre cuál de los dos juzgados especializados podrían admitir el amparo de Rivada.
Actualmente, la SCT se encuentra en el proceso de evaluación de la oferta económica y de cobertura de ALTÁN, el único jugador que se mantiene en el concurso, dictamen que se dará a conocer el día del fallo, previsto para el 17 de noviembre, un proyecto que le sería adjudicado a este consorcio si la dependencia determina la solvencia de ambas ofertas con la oferta técnica.
Gerardo Ruiz Esparza, titular de la SCT, señaló en el marco de la 58 Semana Nacional de la CIRT que la dependencia está evaluando con cautela si toma medidas adicionales respecto al proceso de la Red Compartida.
