CHILPANCINGO, Guerrero.- La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, fracción Pueblos Fundadores (CRAC-PF) presentó a 30 niños armados como policías comunitarios, quienes recibieron entrenamiento para hacer frente a los grupos delincuenciales de la zona.
La presentación de los “niños comunitarios” se registró en la comunidad indígena de Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera. En ese lugar, Bernardino Sánchez Luna, uno de los coordinadores de la Casa de Justicia de Rincón de Chautla, informó que los menores de edad han recibido capacitación en el uso de armas de fuego, principalmente pistolas y rifles de bajo calibre.
Expresó que es una acción desesperada y en respuesta a la agresión constante que reciben los habitantes de esa localidad por parte de integrantes del grupo delincuencial ‘Los Ardillos’.
Del mismo modo, Sánchez Luna reconoció que ese acto también es una manera de llamar la atención de los representantes de los tres niveles de Gobierno, de quienes dijo que hasta el momento no han dirigido ningún tipo de apoyo hacia los pobladores de Ayahualtempa.
Los niños armados marcharon portando sus armas y pidieron que no los vean como delincuentes, sino como comunitarios que van a cuidar de sus familias y sus hogares.
Al respecto, el gobernador Héctor Astudillo Flores condenó ese hecho y lo calificó como un acto irresponsable por parte de la propia comunidad y de los integrantes de la policía comunitaria de la CRAC-PF.
“Es una situación delicada”, dijo el mandatario estatal, “pues los menores son armados y grabados por la misma policía comunitaria”. Lamentó que la población lo permita, además calificó los hechos como actos innecesarios, ya que existen en esa región cinco puntos de seguridad con elementos policiacos.
Aseguró que en la zona existe un problema por el gran número de muertes que se han generado, pero al contrario de las denuncias expuestas, su gobierno dio apoyo a las nueve viudas de los músicos que perdieron la vida hace más de un año “cuando asesinaron a los músicos de manera cobarde y verdaderamente violenta”, reconoció el jefe del ejecutivo estatal.
Agregó que en ese tiempo, su gobierno costeó los gastos médicos, repuso las camionetas en que viajaban los músicos, se realizaron jornadas de servicio social en 24 comunidades, y se les brindo atención psicológica.
Además, se invirtieron 7.1 millones de pesos para la construcción de 32 viviendas en los municipios de Chilapa y José Joaquín De Herrera para las familias de las víctimas.