Cuernavaca.- Un juez especializado de control decretó este jueves procedente la queja presentada por la directora del Instituto de Crédito para los Trabajadores de Gobierno del Estado (ICTGEM), Fabiola Urióstegui, en contra del exgobernador de la entidad, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, y del exsecretario de Hacienda, Jorge Michel Luna, por el presunto ejercicio abusivo de funciones.
La autoridad resolvió que la resolución emitida el pasado primero de marzo por el Ministerio Público de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos, de “no ejercicio de la acción penal” a favor de los acusados, carecía de uno de los requisitos de legalidad.
La Fiscalía había determinado que “no había delito que perseguir”, toda vez que Graco Ramírez había solicitado un crédito ante el ICTGEM para un automóvil que rebasaba los 600 mil pesos, empréstito en el que firmó como su aval solidario Michel Luna, quien antes de que terminara la gestión del perredista, logró obtener una ‘pensión dorada’.
Sin embargo, una vez que la Fiscalía determinó la no acción penal, omitió presentarla ante el juez, lo cual es un requisito que marca la ley, específicamente el artículo 255 del Código Nacional de Procedimientos Penales relativo a la “previa autorización del procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad”, es decir, el fiscal titular, Juan Salazar Núñez o el vicefiscal.
Por lo cual, el documento del “no ejercicio de la acción penal” únicamente tenía plasmada la firma del agente del Ministerio Público, y no del superior jerárquico, motivo para que el juez de control Ramón Villanueva revocara el acuerdo y ordenara a la Fiscalía realizar uno nuevo con las rúbricas necesarias.
El juez brindó 30 días para que la Fiscalía Anticorrupción envíe de nuevo el acuerdo y notifique a la parte acusadora, el ICTGEM, que al principio de la actual administración gubernamental, reveló que el gobernador había actuado como empleado, cuando su función era de patrón.
Aunado a que el alto costo de la unidad impedía que dos trabajadores del gobierno pudieran tener acceso a un crédito de vehículo nuevo, que es parte de las prestaciones a las que tienen derecho los empleados al trabajar para el Ejecutivo estatal y para el que hacen aportaciones que son descontadas de sus salarios.
Hasta el momento la Fiscalía Anticorrupción tiene más de 40 denuncias en contra del exgobernador y sus funcionarios por diversos delitos, entre los que resaltan los desvíos de recursos. Sin embargo ninguna de estas querellas se han podido judicializar.
El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo ha denunciado de manera reiterada que desde la Fiscalía se ha intentado proteger al exmandatario, ya que el actual fiscal fungió como consejero jurídico en la administración del perredista.