Hasta 50 personas se encuentran desaparecidas después de iniciar viajes de tres horas en automóvil este año entre Monterrey y Nuevo Laredo, en un tramo de carretera muy transitado que los medios de comunicación locales han bautizado como “la carretera de la muerte”.
Sus parientes afirman que simplemente se desvanecieron. Tales desapariciones y el tiroteo de la semana pasada contra 15 transeúntes aparentemente inocentes en Reynosa, indican que México está volviendo a los días oscuros de la guerra contra el narcotráfico de 2006 a 2012, cuando los pistoleros de los cárteles solían atacar tanto a personas comunes y corrientes como entre ellos mismos.
“Ya no es entre ellos, los cárteles están atacando a la ciudadanía”, aseguró la activista Angélica Orozco.
Se cree que hasta media docena de los desaparecidos en la carretera son ciudadanos o residentes de Estados Unidos, aunque la embajada estadounidense en México no pudo confirmar su estatus. Uno de ellos, José de Jesús Gómez, residente de Irving, Texas, supuestamente desapareció en esa carretera el 3 de junio.
El sábado, la oficina del FBI en San Antonio, Texas, publicó un boletín solicitando información sobre la desaparición de Gladys Pérez Sánchez, una mujer de Laredo, Texas, su hijo de 16 años y su hija de nueve, quienes fueron vistos por última vez el 13 de junio cuando tomaron la carretera. Habían visitado a familiares en Sabinas Hidalgo, un pueblo en la carretera, y regresaban a Texas cuando desaparecieron.
Se cree que la mayoría de las víctimas desaparecieron al acercarse o salir de Nuevo Laredo, ciudad dominada por los cárteles y que hace frontera con Laredo, Texas. Alrededor de media docena de hombres han reaparecido vivos, golpeados salvajemente, y lo único que dijeron es que hombres armados los obligaron a detenerse en la carretera y se llevaron sus vehículos.
Lo que le sucedió al resto, incluida una mujer y sus dos hijos pequeños, sigue siendo un misterio. La mayoría eran residentes de Nuevo León, donde se encuentra Monterrey. Desesperados por respuestas, familiares de los desaparecidos tomaron las calles de Monterrey el jueves para protestar, exigiendo respuestas.
Orozco, miembro de la organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, dijo que los secuestros parecen marcar un regreso a los peores días de la guerra contra las drogas en México, como en 2011, cuando hombres armados de un cártel de Tamaulipas sacaron a pasajeros inocentes de autobuses para que lucharan entre sí hasta la muerte con mazos.
Entonces, como ahora, políticos y fiscales han dado pocas respuestas a las familias de los desaparecidos.
“Ya después de las desapariciones del 2010-2011, no pueden seguir con las mismas excusas de hace 10 años, siguen con el mismo discurso”, dijo Orozco.
“Se supone que han creado instituciones, procedimientos, pero se repite la historia de que las autoridades no hacen nada”, lamentó.
Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos emitió un comunicado de prensa el 19 de mayo advirtiendo sobre los peligros de la carretera entre Monterrey y Nuevo Laredo, cuando para mediados de mayo el grupo sólo había recibido unos 10 reportes de personas desaparecidas ahí. Llegaron más reportes en junio y ahora alcanzan aproximadamente 50.
El gobierno de Nuevo León reconoció 10 días después que había recibido reportes de 14 personas desaparecidas en la carretera en lo que iba de 2021, junto con cinco más en Tamaulipas, donde se ubica Nuevo Laredo.
Sin embargo, Nuevo León no advirtió a las personas que viajaban en la carretera hasta el 23 de junio, casi un mes después.
La advertencia llegó demasiado tarde para Gómez y para Javier Toto Cagal, un conductor de camión de 36 años y padre de cinco hijos que desapareció el 3 de junio junto con otros tres empleados de la misma empresa de transporte en el tramo de 220 kilómetros. Conducían a Nuevo Laredo en un auto.
“Hasta ahorita, no saben nada de ellos... Está muy turbio. Fue hasta el 5 de junio que me comunicó la empresa que ‘su esposo está desaparecido’. Con las autoridades, hasta ahora nada. Pregunto y dicen ‘no sabemos’”, dijo Erma Fiscal Jara, esposa de Toto.
Incluso tras reconocer los secuestros, el gobierno de Nuevo León insinuó que era problema de Tamaulipas. Nuevo León también dio información confusa, diciendo primero que habían rescatado a 17 personas después de los secuestros en la carretera, pero luego reconociendo que esas personas habían llegado a casa por su cuenta.
No fue hasta el viernes que ambos gobiernos anunciaron un programa conjunto para aumentar la vigilancia y seguridad en la carretera, una medida que, de haberse implementado un mes antes, probablemente habría salvado docenas de vidas.
“La Guardia Nacional apenas va a vigilar la carretera. No sé por qué esperaron tanto”, preguntó Karla Moreno, cuyo esposo, el conductor de camión Artemio Moreno, desapareció el 13 de abril en la autopista.
Ella, también, está aterrorizada de que el norte de México repita las experiencias de hace una década.
“¿Cómo puede estar pasando esto? Ahorita ya se supone que hay más recursos (policías)”, comentó.
Desde hace mucho tiempo, Nuevo Laredo ha estado dominada por el Cártel del Noreste, un remanente del antiguo Cártel de los Zetas, cuyos miembros eran conocidos por su violencia.
Alejandro Hope, analista de seguridad de México, dijo que las desapariciones en la carretera y los eventos del 19 de junio en Reynosa —cuando hombres armados de cárteles rivales condujeron por las calles matando al azar a 15 transeúntes— recordaron a los ataques contra civiles durante la guerra contra las drogas de 2006 a 2012.
En 2008, un cártel de drogas en la ciudad occidental de Morelia arrojó granadas a los reunidos para la celebración del Día de la Independencia. En 2011, pistoleros de un cártel en Tamaulipas secuestraron a decenas de hombres de autobuses de pasajeros y los obligaron a pelear a muerte entre ellos, ya fuera para reclutarlos o para entretenerse.
“Es episódico, es algo que nunca ha cesado del todo”, dijo Hope de los ataques contra civiles. Lo único que ha cambiado, agregó, es la retórica.
A principios de la década de 2000, funcionarios no tardaron en repetir una antigua creencia de que los cárteles de drogas sólo se mataban entre ellos y no a civiles inocentes. En esta ocasión, tanto con las muertes de Reynosa como con los secuestros en la carretera, los funcionarios reconocieron rápidamente que las víctimas parecían ser civiles inocentes.
“Este argumento de que se matan entre sí ya no es tan prevalente”, dijo Hope.