La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que agrupa a más de 190 colectivos de distintas partes del mundo, presentó el martes un informe sobre el estado mexicano de Nayarit en el que denuncia que en esta entidad se cometieron crímenes de lesa humanidad.
Por ello, entre otras recomendaciones, pide a la Corte Penal Internacional (CPI) que inicie un examen preliminar para analizar estos delitos, algo que ya solicitó la FIDH en 2017, por crímenes cometidos en el norteño estado de Coahuila.
El informe actual documenta 47 casos de desaparición forzada entre junio y septiembre de 2017, que forman parte “de un ataque sistemático contra una población civil en Nayarit y podrían constituir crímenes de lesa humanidad”. Según el documento, las desapariciones fueron perpetradas con la ayuda de las autoridades del estado.
Durante el periodo de septiembre de 2011 a septiembre de 2017, Nayarit fue gobernado por Roberto Sandoval, quien junto con su fiscal Édgar Veytia crearon “una estructura criminal al interior de la Fiscalía General de Nayarit, a través de la cuál se cometen numerosos crímenes, entre ellos homicidios, tortura, despojos, amenazas, extorsiones y desapariciones forzadas”, indica el informe.
Veytia fue detenido en marzo de 2017 en Estados Unidos, donde fue procesado. Dos años después fue sentenciado a 20 años de prisión después de que se declarara culpable de utilizar su cargo para proteger y ayudar a cárteles de la droga.
Sandoval fue detenido este mes de junio en México por delitos de corrupción pero, según las autoridades estadounidenses, además de malversar bienes del estado, recibió sobornos de organizaciones narcotraficantes, incluyendo el Cártel Jalisco Nueva Generación, a cambio de información y protección. Además, habría aceptado sobornos de la organización Beltrán Leyva, una escisión del Cartel de Sinaloa.
La FIDH y la ONG mexicana IDHEAS realizaron entrevistas a familiares de 71 personas desaparecidas en Nayarit. Con esa información, los expedientes judiciales estadounidenses y los datos surgidos de las fosas comunes encontradas en ese estado con más de 140 cuerpos, constataron que existía un patrón en las desapariciones.
Según relata el informe, los civiles eran secuestrados en vehículos oficiales, con el uso de la fuerza o de armas, en una zona urbana. Los actos se llevaban a cabo con el uso abierto de recursos del gobierno estatal, y las autoridades se negaron a investigarlos. Además, las ONGs denunciaron que las familias de las víctimas fueron objeto de amenazas y maltratos por parte de las autoridades.
El documento indica que no hay funcionarios vinculados penalmente con estas desapariciones forzosas, por lo que pide a la Fiscalía General que atraiga estos crímenes para investigarlos.
Asimismo, insta a la Corte Penal Internacional a que abra “un examen preliminar” sobre estos crímenes que, entre otras consecuencias, podría incentivar las investigaciones en México.
La FIDH ya pidió a la CPI que estudiara el caso de México en 2017, pero el alto tribunal con sede en La Haya todavía no se ha pronunciado sobre el tema.
En aquel momento, se presentaron ejemplos de presuntos crímenes de lesa humanidad, los ocurridos en el norteño estado de Coahuila. Entre ellos, la FIDH detalló la utilización de una prisión estatal de la localidad fronteriza de Piedras Negras como centro de operaciones del cártel de Los Zetas entre 2008 y 2012. Según sus documentos, los criminales fabricaban allí material para sus actividades criminales (chalecos antibalas, uniformes, carrocerías de vehículos) y utilizaban la cárcel para recibir, ejecutar y calcinar a sus víctimas en barriles metálicos con la complicidad o ante la inacción de las autoridades y fuerzas de seguridad.