Tras casi tres años de que el Gobierno de Morelos interpuso 60 denuncias contra exfuncionarios de la administración del perredista, Graco Ramírez Garrido, por presuntos desvíos de recursos estatales, encarecimiento de obras magnas y la turbia realización de conciertos con artistas de talla internacional, el Ejecutivo estatal a través de su consejería jurídica acusó que la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción a cargo de Juan Salazar Núñez ‘protege’ a exfuncionarios denunciados.
“Son alrededor de 60 denuncias, algunas han sido judicializadas y otras las estamos combatiendo con jueces de control, tenemos un 10 o 12 por ciento de avance, no el 80 por ciento como dice el fiscal (Juan Salazar Núñez), no sé de dónde saca ese porcentaje. Es en dicha fiscalía donde está todo, ellos son los que tienen que investigar y nosotros como particular no podemos ir con un juez de control a ejercer acción penal, es la institución, no podemos nosotros (gobierno) relevar al ministerio público”, refirió el consejero jurídico, Samuel Sotelo Salgado.
Lo anterior después de cuestionarlo respecto a los avances en las querellas que se interpusieron ante la Fiscalía Anticorrupción desde 2018 por irregularidades en proyectos edificados en el gobierno del PRD y del cual se presume hubo opacidad y sobreprecios, principalmente en obras como el estadio ‘Agustín Coruco Díaz’, la nueva sede del Congreso del Estado, el Museo ‘Juan Soriano’, plantas de tratamiento.
Así como el conjunto habitacional ‘Las Ventanas’ en Jiutepec, y el proyecto del Morebus que atravesaría Jiutepec y Cuernavaca, cuyos recursos autorizados por Banobras por el orden de los 500 millones de pesos ya no se aplicaron en la obra y posteriormente “fueron reorientados” por el gobierno de Graco, para la reconstrucción de viviendas de personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, pero del que tampoco hubo certeza de que tuvieran ese destino.
O bien, la celebración de conciertos como el del cantante británico, Sting, mismo que se llevó a cabo en octubre de 2015 y en donde incluso intervendrá la Fiscalía General de la República, por un presunto sobreprecio del costo que pagó el Gobierno de Graco Ramírez, en ese entonces, para presentarse en la Arena Teques.
Por tanto, Samuel Sotelo mencionó que las denuncias en las que se determinó el no ejercicio de la acción penal, ya se han interpuesto recursos de apelación, para reabrir las carpetas de investigación, aunado a que mediante un oficio solicitaron información de lo que hace falta, para que la consejería lo cubra, cuando ese trabajo, dijo, es labor del ministerio público.
“Pero pareciera que los que debemos investigar, somos nosotros (gobierno) no el ministerio público. Que nos digan cuáles (carpetas) pero a ver, su criterio es no ejercer acción penal en ciertos asuntos y los jueces están revocando esa determinación y están ordenando que se reaperturen esas investigaciones; las integra el ministerio público, ¿me convierto yo en ministerio público? Es la pregunta que nos hacemos, si está protegiendo (la fiscalía) a algunos funcionarios”, expresó el jurídico.
El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco recientemente, refirió que tan sólo en el estadio ‘Agustín Coruco Díaz’ la administración graquista invirtió 400 millones de pesos, en la rehabilitación de dicho recinto enclavado en el municipio de Zacatepec, cuando en realidad lo que se hizo tendría un gasto de no más de 100 millones de pesos, pues en el gobierno de Graco, pretendían que llegaría a Morelos un equipo de primera división, pero para ello se debía contar con infraestructura, ninguna de las dos cosas se logró.
Ayer, el fiscal Anticorrupción, Juan Salazar Núñez declaró que si bien el Gobierno solicitó la reapertura de las carpetas, están en la disposición de que se respete la decisión del juez pero antes mencionó que el 80 por ciento de las denuncias han sido judicializadas, pero en otras también la consejería se ha desistido, pero aseguró que de comprobarse las acusaciones irán contra quien resulte, sea quien sea.
“Si la consejería jurídica, presenta, ahora sí, las pruebas que son necesarias para imputar a los exservidores públicos, así se hará. Los que acusan son los que tienen la obligación de presentar pruebas. Ellos mismos han revisado, que no había delito, que no había las pruebas, pero somos respetuosos”, reiteró el fiscal.
Salazar Núñez, quien fuera consejero jurídico en la administración de Graco Ramírez, resaltó que entre el 20 por ciento de las denuncias que se han desechado por no ejercicio de la acción penal y en su mayoría son contra exfuncionarios de la Secretaría de Obras Públicas que estuvieron involucrados en proyectos, pero de los que no recordó el nombre.