En los últimos 35 meses un total de 126 carpetas de investigación se han abierto en contra de elementos de la Secretaría de marina y del Ejército Mexicano por diversos delitos en Tamaulipas.
Entre los delitos a los que se acusa a los elementos federales, se encuentran mayormente la violencia familiar, amenazas, lesiones, daño en propiedad ajena, violación, abuso sexual, amenazas, entre otros.
Sin embargo, de la totalidad de carpetas de investigación integradas contra los elementos federales de seguridad (126), solo cuatro han sido judicializadas y en solo dos casos se reportan vinculados a proceso.
De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, las denuncias en contra de los elementos de la secretaría de Marina suman 42, de las cuales 27 están relacionadas a casos de violencia familiar.
Además de cuatro más por amenazas, otras tres por lesiones y tres por daño en propiedad, mientras que con una denuncia por cada delito de ultrajes a la moral pública e incitación a la prostitución, robo a comercios, abuso de confianza, allanamiento de morada y fraude.
En respuesta a una solicitud de información bajo el folio 281197021000040, se da cuenta que en diciembre del 2018 se tienen registradas dos denuncias, 18 más en 2019, otras 15 en 2010, mientras que de enero al 07 de octubre de este año, ya se han registrado siete denuncias ante la FGJT.
Del total de carpetas de investigación iniciadas en contra de elementos de la Secretaría de Marina, 28 de ellas se encuentran en trámite, diez más están en archivo temporal, en dos se dictaminó el no ejercicio de la acción penal y dos fueron judicializadas.
El año pasado, fue vinculado a proceso un elemento de la Secretaría de la Marina, acusado de ultrajes a la moral pública e incitación a la prostitución, carpeta que fue integrada ese mismo 2020.
Las carpetas de investigación iniciadas en contra de elementos del Ejército Mexicano suman 84 desde el mes de diciembre del 2018 al 07 de octubre del 2021, de acuerdo con datos de la Fiscalía.
La mayoría de las denuncias iniciadas (47) están relacionadas a la violencia familiar, 14 carpetas se integraron en 2019, mientras que en 2020 fueron 16 y en este año, hasta el 07 de octubre, ya se han integrado 15 denuncias por este delito.
El segundo delito que más denuncias sumó en contra de elementos de Sedena en Tamaulipas es la violación, sumando siete carpetas de investigación en los últimos 35 meses.
Con seis denuncias, el delito de lesiones ocupa el tercer lugar en los delitos denunciados contra el personal castrense, mientras que por abuso sexual se abrieron cuatro carpetas de investigación.
En la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas se recibieron cuatro denuncias por amenazas, y el mismo número de carpetas de investigación (4) fueron integradas por abandono de obligaciones alimenticias.
Por el delito de homicidio, se recibieron tres denuncias, dos de ellas en 2020 y una más en este año, mientras que por el delito de daño en propiedad se integraron dos carpetas de investigación (2019 y 2020).
En este mismo año se recibió una denuncia contra un elemento del Ejército Méxicano, acusado por sustracción y retención de menores, también en este 2021 hay una denuncia por robo de vehículo.
El año pasado (2020) se integró una carpeta de investigación por el delito de fraude y en 2019 se tiene una denuncia por allanamiento de morada, también hay una denuncia en 2020 por abuso de confianza y en la Fiscalía del Estado se recibió una denuncia en 2019 por el delito de tortura y una denuncia más recibida en 2020 por el delito de estupro.
De nueva cuenta en el caso de las denuncias en contra de los elementos del Ejército Mexicano como los elementos de la Marina, solo dos carpetas han sido judicializadas y en solo una de ellas, recibida en 2020, se reporta la vinculación a proceso del responsable.
El resto de las 84 carpetas de investigación por los diversos delitos contra elementos de Sedena, 55 se encuentran en trámite, 17 en archivo temporal, cuatro de ellas se resolvieron a través de medios alternativos de solución de conflictos.
En cuatro más se resolvió el no ejercicio de la acción penal y solo dos (2018 y 2020) fueron judicializadas.
Marinos acusados de desapariciones extrajudiciales en Nuevo Laredo
El 13 de juio de este año, la Secretaría de Marina ofreció una disculpa pública, por las 47 desapariciones y ejecuciones extrajudiciales en Nuevo Laredo en 2018 y por la que 30 marinos fueron detenidos desde abril de este año.
El 21 de abril del 2020, la Semar aceptó la recomendación 36VG/2020, emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la desaparición de dichas personas en Nuevo Laredo.
El 9 de abril del 2021, la FGR ejecutó orden de aprehensión en contra de 30 elementos navales que forman parte de la Unidad de Operaciones Especiales (Unopes) como presuntos responsables de la desaparición y/o ejecuciones extrajudiciales de 27 personas entre febrero a mayo del 2018 en Tamaulipas.
Sin embargo, seis meses después de la detención y vinculación a proceso, 12 marinos fueron puestos en libertad, luego que un Juez de control de Tamaulipas, ordenó reponer el proceso, atendiendo un amparo presentado por los elementos de Marina.
La Fiscalía General de la República (FGR) tiene abiertas 34 carpetas por la desaparición de 47 personas que atribuyen a la Marina; sin embargo, solo tres carpetas fueron judicializadas.
En el caso de la desaparición de Noe Ignacio Alferez Hernández de 22 años, 13 marinos fueron detenidos 13 elementos de la Marina, de los que el Juez Faustino Gutiérrez Pérez otorgó un amparo a 12 de ellos y los dejaron en libertad.
Actualmente hay 18 marinos en prisión, vinculados a proceso por la desaparición forzada de Julio césar Viramontes y José Luis Bautista Carrillo.
Durante su visita a México del 15 al 26 de noviembre, el Comité contra la Desaparición Forzada, visitó 13 entidades; Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Estado de México, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
Sostuvieron 48 reuniones con más de 80 autoridades, y 33 reuniones con cientos de víctimas, y decenas de colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil provenientes de casi todas las entidades federativas.
Entre sus conclusiones, constataron que se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del país, imperando la impunidad y la revictimización, destacando que las desapariciones no son únicamente un fenómeno del pasado.
“Por el contrario, lamentamos constatar que aún persiste. Según cifras oficiales, al día de hoy, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas indica una cifra de 95 mil 121 personas desaparecidas, de las cuales más de un centenar habrían sido cometidas durante nuestra estancia”, señalaron en un informe entregado durante su visita.
Dentro de esta información, resaltó el incremento del número de desapariciones de niños, niñas, adolescentes y mujeres, agudizándoce la tendencia en el contexto de la pandemia de la COVID 19.
“Las personas migrantes también son un grupo particularmente vulnerable frente a las desapariciones. Las masacres de San Fernando, Cadereyta y Camargo son solo algunos ejemplos. Hemos recibido información de personas que iniciaron su ruta migratoria y terminaron en fosas clandestinas. Otras se encuentran ilegalmente privadas de su libertad sin comunicación con el mundo exterior, lo que las convertiría en personas desaparecidas”, se señala en un informe.