El Gobierno de Nayarit trabajó de forma directa de 2011 a 2016 para un grupo del crimen organizado mediante un “grupo ejecutor” controlado desde la fiscalía. Posteriormente rompió su alianza para apoyar a otro más fuerte en ese momento, el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y parte de esa estructura criminal seguía operando en 2021,
Así lo indica la versión pública de un informe oficial hecho público esta semana por la Comisión Nacional de Búsqueda, dependiente de la Secretaría de Gobernación.
Según el documento, la red criminal operada desde el gobierno estatal comenzó a delinearse a partir de 2009, con el acceso a cargos públicos municipales de dos de sus actores clave: Roberto Sandoval (alcalde de Tepic, la capital, de 2008 a 2011) y Edgar Veytia.
El reporte indica que la red se consolidó a partir de 2011 cuando el primero (Sandoval) quedó al frente del gobierno estatal y el segundo en seguridad pública y luego en la fiscalía del estado. Asimismo, detalló que se reestructuró en 2017 tras la detención de Veytia y con el fin del gobierno de Sandoval.
El exfiscal está actualmente en prisión en Estados Unidos cumpliendo una sentencia por narcotráfico, mientras que Sandoval fue detenido el año pasado y está encarcelado en México por delitos de corrupción.
El documento indica que ‘la dupla Sandoval-Veytia’ pactó con el cártel de los Beltrán Leyva (una escisión del de Sinaloa) para operar a su favor de 2011 a 2016. Esta alianza se rompió cuando ‘vendieron la plaza’ al cártel de Jalisco Nueva Generación, que cobraba fuerza al final de ese periodo. Estados Unidos vincula a Sandoval con este segundo grupo.
Los funcionarios traicionaron a sus antiguos aliados y a principios de 2017 informaron a la Marina de donde estaban sus líderes, entre ellos el conocido como H-2, que fueron abatidos en un impresionante operativo con un helicóptero artillado en plena capital de Nayarit.
Fiscales estadounidenses acusaron en 2020 al exsecretario de Defensa de México, el general Salvador Cienfuegos, de asistir precisamente al H-2 aunque después retiraron la acusación y dejaron libre al general que regresó a México, donde el Gobierno dijo que no se encontraron cargos en su contra.
El informe indica que en 2017 “personal de la Fiscalía General del Estado de Nayarit estaba reclutando a jóvenes para el CJNG y operaba ya para este”.
Desde 2018, comenzó una disputa por el control del territorio entre grupos criminales que, según el documento, no ha terminado ya que de 2018 a 2021 ha habido un incremento en el número de homicidios.
El informe indica también que la estructura creada por los altos funcionarios ahora encarcelados aparentemente seguía operando con “bajo perfil” hasta el año pasado puesto que en 2020 se incrementaron las desapariciones (hubo 164), más que las registradas en 2017 (136).
La Comisión Nacional de Búsqueda recopiló y analizó datos de distintas fuentes porque consideró que una de las claves para buscar a los desaparecidos es entender el contexto criminal en el que ocurrieron las desapariciones.
Según sus datos, cuando la estructura criminal estaba en su apogeo, funcionarios de distintos tipos -desde policías a jueces- se encargaban de distintas operaciones criminales desde ejecuciones, desapariciones y torturas a amenazas, extorsiones y obstrucción de la justicia mediante la creación de delitos, forzando encarcelamientos de contrarios o no actuando ante ciertos crímenes.
Además contaban con toda una red que garantizaba los fondos mediante expolios masivos ‘legalizados’ por notarías afines con los que se enriquecían. El caso más sonado salió a la luz en 2018, un fraude a 60 mil personas de, al menos, siete estados que fueron despojadas de sus propiedades con el apoyo del poder judicial de Nayarit, recuerda el documento.