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A cuatro años del sismo del 19S, hallan desvío de más de mil mdp del Fondo Unido por Morelos

Alexis Ayala Gutiérrez exsecretario particular de Graco Ramírez, y Sergio Beltrán Toto, exsubsecretario de Obras Públicas, son señalados como presuntos responsables.

Morelos América López Rodríguez, titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso de Morelos (ESAF) (Especial)

Cuernavaca, Mor.- A más de cuatro años de que se registró el sismo del 19 de septiembre de 2017 que dejó más de 70 muertos en Morelos, la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos (ESAF) confirmó que se desviaron mil 360 millones de pesos entre 2017 y 2018, mismos que se habían destinado para ayudar a los damnificados del temblor y que no llegaron a su objetivo.

“Ya concluimos el proceso de fiscalización, ya mandamos el reporte final de las observaciones y es así que la Comisión de Hacienda lo tiene en su poder para pasarlo a pleno y pues darle respuesta a todos los morelenses que quieren saber en qué se designaron esos recursos que se etiquetaron para este fondo”, señaló la titular de la ESAF, América López Rodríguez.

Asimismo, detalló que se envió el reporte final a la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado para que realice las denuncias correspondientes y se investigue a los funcionarios señalados, Alexis Ayala Gutiérrez quien antes de asumir la titularidad de este fondo fue exsecretario particular de Graco Ramírez y titular del Instituto de la Juventud.

Además de Sergio Beltrán Toto, quien era subsecretario de Obras Públicas y que hoy ya enfrenta varios procesos jurídicos por obras millonarias adjudicadas y entregadas a empresas fantasmas, durante el gobierno de Graco Ramírez, cuyas denuncias fueron presentadas por la actual administración gubernamental ante la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.

De hecho, EL FINANCIERO documentó, a un año del sismo del 19 de septiembre, que las familias que perdieron sus casas tras el terremoto seguían sin recibir ayuda del gobierno, sólo obtenían apoyo de sus familiares, amigos o fundaciones privadas.

Sin embargo, la titular de la ESAF llamó al presidente de la Comisión de Hacienda del Congreso Local, el diputado de Nueva Alianza Agustín Alonso, a mantenerse al margen de la investigación pues uno de los señalados es su suplente y asesor en la actual legislatura, ello para evitar que las investigaciones en contra de Alexis Ayala se vean empañadas por su posible intervención.

“Sí efectivamente, Alexis Ayala, fungió como coordinador operativo del Fondo Unidos por Morelos, a todos nos debe de preocupar en este momento que la Comisión de Hacienda, concluya el trabajo que le corresponde, mandándolo al pleno, por lo que invito al diputado Agustín Alonso a mantenerse al margen en este proceso de fiscalización que concluye la ESAF porque hay un conflicto de interés a todas luces, porque al ser Alexis Ayala su suplente, lo existe”, abundó.

Durante el gobierno del perredista Graco Ramírez, entre los recursos que se reasignaron para “atender a los afectados” que dejó el sismo del 19 de septiembre de 2017, están los 500 millones de pesos que se habían etiquetado para el proyecto del Morebus, del cual sólo se habían colocado “las troncales”, pero al final no se concretó.

Entonces, EL FINANCIERO solicitó vía transparencia a la entonces secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo Medina, el contrato del Morebus, así como el proyecto; sin embargo, la respuesta de la unidad de transparencia fue que dicha información se había clasificado para cinco años.

Hoy, Patricia Izquierdo tiene una orden de aprehensión en su contra, derivado de que la Fiscalía Anticorrupción logró aportar las pruebas suficientes, la semana pasada, para enfrentar al juez, por presuntamente adjudicar de manera directa 75 millones de pesos una obra que consistía en la demolición y construcción en la Escuela Superior de Jojutla a una empresa fantasma.

No obstante, Patricia Izquierdo y Sergio Beltrán Toto, tienen varias carpetas de investigación en su contra, por presunto desvío de recursos públicos durante el gobierno de Graco Ramírez.

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