En Morelos suman cerca de 20 casos de mujeres que han sido víctimas de violencia vicaria por parte de su expareja, quienes utilizan a sus hijos como instrumentos para hacerles daño y, además, corrompen a jueces y peritos para que los fallos de la guardia y custodia salgan a favor de ellos, aún cuando tienen denuncias de violencia intrafamiliar o sexual.
Sin embargo, la iniciativa para que en el estado se reconozca como delito esta agresión hacia las mujeres fue enviada a la congeladora por parte de diputados de oposición a la 4T, desde que determinaron dividirse en grupos por disputas políticas, lo que implica que sigan los abusos desde las instituciones hacia ellas.
“Si en el caso de las menores de origen México-Israelí (Maya y Gal) no hubiera intervenido el gobierno federal, las niñas habrían salido de México y estarían ahorita con su padre en Israel; esas niñas, de madre mexicana y padre Israelí, fue una muestra de la violencia que se vive en el país y que se vive en Morelos, con estas dos niñas (afortunadamente) uno de sus familiares, como ustedes saben es reconocido en Hollywood y en el mundo, así que eso permitió que este suceso se pudiera detener”, explicó la diputada Tania Valentina Rodríguez Ruíz.
No obstante, refirió que no todas las niñas y niños cuyos padres se disputan su guardia y custodia —existen cerca de 20 expedientes similares—, tienen la fortuna de contar con familiares famosos y quedan bajo la decisión de jueces y peritos, que la mayoría de las veces son acusados de corromperse, principalmente cuando los progenitores se llevaron a los menores sin autorización de la escuela o de la guardería.
La iniciativa para reconocer este tipo de violencia como delito se presentó desde febrero pasado; sin embargo, debido a la parálisis legislativa que inició en diciembre de 2021, con el pleito entre legisladores de oposición y los de la cuarta transformación, la ley se estancó, junto con la despenalización del aborto y otras más que buscan defender los derechos humanos de las mujeres.
“Por eso es necesario presentar y aprobar ya esta ley, ante la afectación de todas las mujeres, porque en Morelos si un padre viola a su hija, no es un delito, si el padre la sustrae de la escuela a la menor sin permiso, tampoco es un delito y por eso la fiscalía no puede actuar”, urgió la legisladora.
Ambos funcionarios coincidieron en que si está propuesta estuviera en marcha desde la fecha que se planteó, el caso de las menores Maya y Gal de origen México-Israelí, derivaría en la denuncia a su padre y su posible detención aunado a que los jueces estarían ya siendo investigados por corrupción.
Y es que, el titular de la CDHEM, Raúl Israel, señaló que existen dudas sobre el actuar de la juez Laura Galván, pues tomó la decisión de entregar a su padre, incluso de permitirle estacionar su auto para trasladarlas al aeropuerto de la CDMX y sacarlas del país.
Lo anterior, sin respetar el interés superior de las niñas, que era el de quedarse con su mamá y familia mexicana.
“Es urgente que la violencia vicaria reciba una respuesta legislativa para que se reconozca este fenómeno y a partir de ahí se implemente políticas públicas y las atienda, porque no nada más se violenta los derechos de los menores. Las mamás (han denunciado), que muchas veces productos de la complicidad de autoridades, se genera violencia institucional y viven la agonía de no proteger a sus hijos”, explicó.
Por otra parte, Raúl Israel Hernández comentó que si bien, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en Morelos, Rubén Jasso Díaz, se excusó en la carencia de personal y la excesiva carga de trabajo, que han derivado en “vicios y fallas” en los juzgados familiares, dijo que ese pretexto no es viable, porque la falta de recurso y que no es una razón para “pasar por encima de los derechos de los menores y se vulnera a las mujeres”.