En el Congreso de Hidalgo, legisladoras y legisladores de Morena y el PT lanzaron una iniciativa que da una pena de prisión de dos a cuatro años y multa de 80 días, a quien se retire el condón durante una relación sexual sin el consentimiento de la otra persona, acción denominada con el término anglosajón stealthing.
Con esta iniciativa se adiciona un segundo párrafo al artículo 183 del Código Penal para el Estado de Hidalgo.
La legisladora del PT Tania Valdez Cuellar, explicó en la exposición de motivos de la iniciativa planteada que la pena podría aumentar en los casos donde la salud de la víctima sea afectada, por ejemplo por infecciones, enfermedades venéreas o un embarazo no deseado.
Comentó que, en años recientes, a pesar de los esfuerzos de distintos gobiernos por garantizar el acceso a métodos anticonceptivos, se han desarrollado prácticas individuales dentro del acto sexual que rompen con este objetivo, ya que en el peor de los casos son actos que pueden considerarse como agresiones sexuales que menoscaban la dignidad de las personas.
Detalló que el término anglosajón denominado stealthing refiere a la acción de quitarse el condón durante la cópula sin el consentimiento de la otra persona, esto hace referencia a una práctica que pretende pasar inadvertida por la otra persona y, por ende, sin ningún tipo de consecuencia.
Recordó que, en 2014, el Tribunal Supremo de Canadá condenó por agresión sexual agravada a un hombre que había realizado agujeros al condón sin el consentimiento de su pareja.
La diputada mencionó sobre un caso sucedido en Alemania en el año 2016, donde el tribunal de Berlín condenó a ocho meses de prisión y pago de una multa de 3 mil euros a un hombre que durante el acto sexual decidió quitarse el preservativo pese a la voluntad de su pareja.
En México se tiene conocimiento de algunas propuestas que buscan legislar y castigar este tipo de violencia sexual, ejemplo de lo anterior se registró en mayo del año 2022.
En el Senado de la República se propuso reformar el Código Penal Federal, la propuesta se enfocaba única y exclusivamente en la prevención de enfermedades de transmisión sexual y podía condenar de tres a ocho años de prisión e imponer 80 días de multa a la persona que incurriera en esta conducta.
Esta iniciativa fue presentada de manera conjunta por legisladores de Morena, Partido del Trabajo y Nueva Alianza.