La audiencia de debates del juicio oral en contra de Diego Urik por el feminicidio de Jessica González Villaseñor continuó este lunes con el testimonio de José J., amigo del imputado.
José estuvo presente en los momentos subsecuentes a la comisión del crimen, cuando el presunto responsable se deshacía del cuerpo de Jessica.
A las 13:32 horas dio inicio la sesión, con el arribo de Ariel Montoya Romero, juzgador a cargo de la causa penal 1404/2020, para conocer la información que aportaría el implicado.
José destacó que el pasado 21 de septiembre de 2020, Diego Urik se comunicó con él y otro amigo para informarles que había finalizado su relación sentimental, por lo que le solicitó una reunión.
Urik se escuchaba alterado, y en breve conoció el motivo que lo tenía así pues se percató de la presencia del cuerpo de una mujer envuelto en una sábana azul. Urik pidió la ayuda de sus amigos para una actividad no especificada, a lo que se negaron, por lo que procedió a retirarse a su domicilio y pedirles le acompañaran.
“Hablaba como si nada hubiera pasado; su mamá lo saludó y él respondió completamente normal, inclusive le comentó que no había logrado recuperar su relación sentimental”, señaló.
Después de que Urik se diera una ducha y cambiara su vestimenta, retornaron al vehículo donde detectaron un bolso color rosa del que el implicado extrajo una cartera y 200 pesos que posteriormente apostó en un casino.
Los amigos le acompañaron pero permanecieron en el área de cajas para retirarse más tarde con el argumento de que carecían de permiso para continuar la reunión.
Cuestionado sobre cómo asumió que los restos envueltos en la sábana azul pertenecían a Jessica González, José J. mencionó que no conocía a la joven maestra, incluso, en un primer momento temió que la víctima fuese la exnovia de Urik, hasta que en redes sociales y medios de comunicación aparecieron las alertas de búsqueda de González Villaseñor.
Además de referir el detalle de los hechos posteriores al feminicidio, José J. indicó que, si bien no habría detectado signos de conducta violenta por parte de Diego Urik, sí le habría escuchado en reiteradas ocasiones expresarse de manera denigrante de las mujeres.
José J. ha sido imputado por encubrimiento y conocimiento de los hechos. Fue hasta el pasado 26 de septiembre de 2020 que prestó su primera declaración a la Fiscalía General del Estado de Michoacán a la que siguieron otras declaraciones de aclaración o ampliación de datos.
El juzgador admitió como medios de prueba los elementos recabados tras el hallazgo del cuerpo de la joven: la sábana azul que habría envuelto sus restos, un hacha, la bolsa rosa de mano, así como la ropa y el calzado que Diego Urik utilizó durante el feminicidio.
La audiencia será retomada el próximo 9 de agosto, con la presentación de nuevos testigos y medios de prueba.
Testigo denuncia presuntas amenazas del padre de Diego Urik
Durante la exposición de su testimonio, José J. hizo saber a Ariel Montoya Romero, juez a cargo de la causa penal, que el padre del imputado le amenazaba con gestos que simulaban la portación de una arma de fuego.
Aseveró que el individuo, que se localizaba en el área del público durante la audiencia que se realizó este lunes 11 de julio en la sala oral del Poder Judicial de Michoacán, le dirigía ademanes que sugerían una arma de fuego apuntando en su contra.
Agregó que con anterioridad ha recibido mensajes intimidantes. El juzgador indicó que se llevaría a cabo una revisión de las grabaciones de la sesión para detectar la realización de las amenazas señaladas por el testigo y dar vista al Ministerio Público.
Asimismo, expresó a José J. que corresponderá a la Fiscalía General del Estado investigar los incidentes.
Feminicidio de Jessica González Villaseñor
Jessica González fue reportada como desaparecida el 21 de septiembre de 2020, y su cuerpo fue localizado cinco días después en un paraje al sur de Morelia.
Diego Urik fue relacionado al poco tiempo con el feminicidio, y aprehendido para ser procesado. Desde el 30 de septiembre del 2020 se encuentra en prisión, y el 1 de octubre de ese mismo año fue vinculado a proceso, luego de que el Juez de Control consideró suficientes los datos de prueba expuestos por la Fiscalía General del Estado, para acreditar su posible participación.
La Fiscalía está preparada “con datos contundentes” para defender la acusación que presentó ante el órgano jurisdiccional, para pedir la pena máxima de 50 años de prisión y el pago por concepto de reparación del daño a favor de las víctimas indirectas.