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Congreso de Tabasco pide revisar sanción al gobernador por hacer propaganda a consulta de revocación

Guillermo del Rivero, secretario de Gobierno, consideró un exceso que se pretenda sancionar al gobernador Carlos Manuel Merino.

Carlos Manuel Merino Campos, gobernador de Tabasco, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. (Twitter: @cmmerino)

El Congreso de Tabasco y el Poder Ejecutivo promovieron de manera separada controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que se revise la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial la Federación que ordenó “sancionar” al gobernador Carlos Manuel Merino Campos.

El tema ha causado polémica entre la oposición que acusa al Poder Legislativo de intentar “proteger” al mandatario, señalado junto a otros 16 de sus homólogos por realizar propaganda gubernamental durante el proceso de Revocación de Mandato.

Sobre el caso, el secretario de Gobierno, Guillermo del Rivero León, consideró un exceso que se pretenda que un congreso sancione a un gobernador, porque eso viola la división de poderes.

”El gobernador la presentó, porque nosotros consideramos que hay una violación al principio del ejercicio de la división de Poderes, y de hecho, el saber que el Congreso del Estado hizo lo propio, y presentó también una controversia constitucional, nos da la razón, porque no puede haber una subordinación sobre el gobernador del estado”, apuntó.

Y sobre las críticas a la participación de Merino Campos en eventos políticos de Morena, sostuvo que hay criterios muy claros por parte del propio TEPJF, donde se establece que los servidores públicos tienen todo el derecho de participar en la vida política en sus días de asueto.

En tanto que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Jaime Humberto Lastra Bastar, señaló que los diputados no están facultados para pronunciarse sobre este tipo de asuntos, por lo que espera que la SCJN les dé la razón.Refirió que existen una serie de irregularidades e intromisiones, sobre asuntos que competen al Congreso local y no a los tribunales electorales.

”Ellos no tienen la facultad para dictar unos lineamientos en los que se están fundando y para sancionar al gobernador, nosotros tampoco tenemos la facultad para hacerlo”, aseguró.

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