La LXI Legislatura del Estado de México, ONU Mujeres, así como las Naciones Unidas reafirman la alianza parlamentaria para construir la agenda legislativa, con la modificación de 13 leyes y cuatro códigos, que permitan frenar el feminicidio y otras formas de violencia contra niñas, adolescentes y mujeres en el Estado de México.
Las y los legisladores mexiquenses, trabajan de la mano con Nahla Valji, Coordinadora Global de la “Iniciativa Spotlight”; Belém Sanz, Representante de ONU Mujeres y de Gautier Mignot, Embajador de la Unión Europea.
La presidenta de la Comisión para Combatir y Erradicar la Violencia Vinculada a los Feminicidios en el Estado de México, Karina Labastida Sotelo, destacó que desde el 20 de noviembre de 2020 se trabaja en un paquete de iniciativas que permitirá modificar 13 leyes y 4 códigos del Estado de México, orientadas en generar condiciones normativas para el avance en la garantía de los derechos humanos de las mujeres y las niñas, la profesionalización del servicio público y la participación de la sociedad civil.
Estas iniciativas contemplan seis temas prioritarios para la construcción de las propuestas legislativas: feminicidio, violencia familiar, desaparición de niñas y mujeres; feminicidio infantil, violencia sexual u huérfanas y huérfanos de mujeres víctimas de feminicidio.
“En el Estado de México, donde las estadísticas indican que 2 mujeres son víctimas de feminicidio cada 28 horas, la iniciativa Spotlight ha sido útil para revisar nuestro marco normativo y construir un proyecto legislativo viable y sensible a las demandas de justicia de las víctimas de este delito”, aseveró Karina Labastida.
A la fecha se han realizado seis mesas técnicas y analizado cuatro de los seis paquetes y 12 de los 17 ordenamientos que comprende la iniciativa. En cada mesa de trabajo, se han invertido aproximadamente entre 5 a 7 horas de trabajo continuo en cada una.
Karina Labastida señaló que han logrado avances para establecer que todas las políticas públicas y programas de gobierno se rijan bajo el principio de perspectiva de género; la institucionalización de programas específicos para la atención, prevención y erradicación de las violencias; incluir el acoso sexual en el ámbito escolar, para su prevención y atención.
También buscan la obligatoriedad de las y los servidores públicos, sin importar su nivel o calidad, de denunciar cualquier caso de violencia en contra de la niñez y adolescencia para su protección integral.
Y en materia de procuración de justicia, la obligatoriedad de iniciar las carpetas de investigación de oficio y sin demoras en todos los casos en que tenga conocimiento el ministerio publico de delitos vinculados a la violencia de género, la violencia familiar, contra la libertad sexual y trata de personas.