Hace dos años, Jessica González Villaseñor, recién graduada, salió de su casa para reunirse con su pareja sentimental, sin embargo, nunca volvió.
A dos años de su desaparición y asesinato, la familia sigue a la espera de la justicia, a que concluya el juicio oral en contra de Diego Urik.
La desaparición de Jessica González marcó un antes y un después en la impartición de justicia en Michoacán, también en el movimiento feminista y la lucha de las mujeres en la erradicación de la violencia feminicida.
¿Qué pasó con Jessica González?
Jessica González fue reportada como desaparecida ante la Fiscalía General del Estado (FGE) el 21 de septiembre de 2020; la presión social en las redes sociales a nivel local y nacional impusieron a las autoridades resolver y actuar de forma inmediata, situación que permitió ubicar en las siguientes horas el equipo móvil de la víctima en la casa de residencia de Diego Urik, en el fraccionamiento Montaña Monarca.
Aún había esperanza de encontrarla con vida. Los días transcurrieron, la presión no cedía. Las movilizaciones no se hicieron esperar y el caso ya se encontraba en los tribunales mediáticos.
Con las autoridades detrás, Diego Urik pidió apoyo a sus amigos para evadir la acción de la justicia. Era el principal sospechoso y cuando todo apuntaba a un homicidio en el que participaron otros, le dieron la espalda.
A los cuatro días de haberse emitido la alerta, el 25 de septiembre por la tarde, en la periferia del fraccionamiento Montaña Monarca, elementos de la Fiscalía General del Estado dieron con el cadáver de Jessica, víctima de asfixia y de múltiples golpes contusos en la cabeza, piernas, muslos y dorso: 31 golpes fueron contabilizados.
Con las autoridades detrás, Diego Urik buscó a su padrastro y familiares para poder resolver su situación ante la ley; aparentemente temía no solo a las imputaciones, sino a añejas prácticas que se ventilan entre los pasillos de la Fiscalía y en las audiencias: tortura, golpes y malos tratos.
Aquel temor llevó a Diego a escapar de la ciudad, a refugiarse, aparentemente por iniciativa propia, en Barra de Navidad, en el municipio de Cihuatlán, Jalisco.
Pero ante su intentona por escaparse, la Fiscalía emitió la primera ficha de búsqueda. La oferta era de un millón de pesos para quien aportara información que permitiera dar con su paradero, pero nadie cobró tal oferta. Fue ubicado en un operativo conjunto con autoridades de Jalisco y Michoacán.
El joven, que era un estudiante destacado en una preparatoria privada del Altozano, emprendedor que vendía pan casero y jugaba fútbol americano, que vivía con sus padres, fue detenido el 30 de septiembre, en Jalisco.
El 1 de octubre del mismo año, la Fiscalía General de Michoacán formuló imputación a Diego Urik M. M., por el delito de feminicidio cometido en contra de Jessica González Villaseñor, en el exclusivo fraccionamiento Bosque Monarca.
¡2 años de que te violaron y mataron a golpes! 2 años de buscar todos los días justicia para ti #JusticiaParaJessica pic.twitter.com/esGLJVhJr6
— Yu-yu (@YunuenVillaseor) September 21, 2022
El antes y después en la justicia tras el feminicidio de Jessica González…
La muerte de Jessica González Villaseñor marcó a su familia, que espera justicia, pero también al sistema de justicia en Michoacán.
Por primera vez se conoció, al menos que se haya dado a la opinión pública, un cambio en la política criminal de la Fiscalía local: se negó el derecho a Diego Urik a un procedimiento abreviado, hecho que fue ratificado por el Poder Judicial de la Federación, al negarle el amparo al imputado.
Los argumentos de los fiscales fueron que no cumplía con las condiciones que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para que se le conceda el beneficio, sin embargo, había antecedentes de casos semejantes en donde sí se había otorgado, como fue el de Alejandra, madre soltera de dos menores que fue asesinada de 26 machetazos en la vía pública, a unas cuadras de la catedral de Morelia y cuya pareja accedió a este recurso.
Para lograr resolver el caso, la Fiscalía destinó 26 especialistas en peritajes, ocho agentes del Ministerio Público y más de 100 oficiales, para unir cada parte del rompecabezas.
El movimiento feminista en Michoacán también cambió
Las marchas en adelante se tornan más críticas a la autoridad y fue la bandera de un movimiento que busca la defensa de la vida desde hace décadas, pero que había sido poco o nada escuchado.
Las más de 250 muertes anuales de mujeres así lo evidencian. Con acciones como cubrir la avenida Madero con zapatos rojos y poner el nombre de Jessica en las placas de las calles, apuntalaron sus reclamos.
A dos años de su muerte, también las leyes han cambiado. Se hizo una reforma que castiga con hasta 60 años el feminicidio. Por iniciativa del Partido Acción Nacional (PAN), se emitió la primera Ley para erradicar el Feminicidio.
