Los defensores del narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo presentaron una nueva demanda de amparo contra presuntos actos de tortura psicológica al no acatarse la orden judicial de trasladarlo a su domicilio, y por mantenerlo privado de la libertad en una prisión.
Con este suman tres los juicios de garantías para que se cumpla la determinación de casa por cárcel. Los primeros dos amparos por tortura psicológica presentados fueron retornados de los juzgados séptimo y octavo, a otro juzgado de distrito especializado en materia de amparo penal.
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, abogada del fundador del extinto Cártel de Guadalajara, denuncia que las autoridades bloquean la señal y monitoreo del brazalete electrónico, para ‘retardar la administración de justicia’, según se lee en el escrito presentado en la Ciudad Judicial de Zapopan, en el cual se advierten otros actos reclamados, como traslado, detención, o aseguramiento, pues el llamado Jefe de Jefes se encuentra recluido en la Comisaría de Sentenciados del Estado de Jalisco, en el complejo carcelario de Puente Grande, dado que la Fiscalía General de la República propuso trasladarlo a un centro federal de rehabilitación psicosocial (Ceferepsi).
Es así que el juzgador amparista concede la suspensión de plano al quejoso “para el efecto de que cese o deje de ejecutarse cualquier tortura psicológica con motivo de cualquiera de los actos reclamados y por cualquiera de las autoridades responsables”.
La defensora también reclama a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana por conducto de los servidores públicos adscritos al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, por “la realización de obstáculos al retardar y entorpecer de una forma maliciosa la administración de justicia”, reza textualmente el escrito.
Así mismo, se reclama que las autoridades no han resuelto el traslado de Félix Gallardo al sitio de confinamiento autorizado por el Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales de la Ciudad de México, que el 9 de septiembre anterior concedió la sustitución de la pena de 40 años de prisión domiciliaria.
También se insta a las autoridades a “ordenar a los servidores públicos realicen toda acción para manifestar que no llegan las alertas del monitoreo, como es el caso de bloquear el dominio, no abrir los correos que reciban la alerta del monitoreo, dicha forma de actuar con malicia para retardar y entorpecer la administración de justicia”.
En tanto, el juzgador que conoce del nuevo juicio refiere que: “existe oscuridad en la forma en que fue redactada la demanda”, y emplazó a la defensa a que subsane las deficiencias, precise los antecedentes de la causa penal y proporcione las copias necesarias de la demanda, en un plazo menor a cinco días.
Por lo pronto, se dio la orden a un actuario judicial para que se presente en el penal de Puente Grande y de fe del estado físico de Miguel Félix Gallardo; “es decir, si presenta o no huellas de maltrato, lesiones o cualquier otro indicio de alteración en su estado de ánimo; de lo cual deberá levantar la razón correspondiente”, describe la orden judicial.