Los resultados de las protestas ambientales pueden ser diversos. Algunas, enfocan la atención en sí mismas y no en sus objetivos, mucho más profundos. Y otras, sin generar tanta polémica, se acercan más a sus objetivos a cambio de un alto costo.
Sin entrar en muchos detalles sobre las comparaciones, podría decirse que en el municipio de Atitalaquia en Hidalgo, se logró lo segundo. A principios de octubre, sus pobladores finalmente obtuvieron la resolución que esperaban desde hace meses: la clausura definitiva del centro de tratamiento de residuos tóxicos de ESMex.
El complejo de unos 18 mil metros cuadrados amenazaba con agravar la situación ambiental de una de las zonas más contaminadas del país, en donde cementeras, una central termoeléctrica y una refinería arrojan los ingredientes necesarios para un cóctel de alta toxicidad.
Los pobladores se organizaron, protestaron, y procedieron jurídicamente en contra del complejo que amagaba con limitar su derecho a un medio ambiente sano hasta que finalmente lograron su objetivo. No sin antes recibir un trágico golpe: el asesinato de uno de sus integrantes, Jesús Bañuelos.
Chuy, como lo llamaban sus compañeros, fue asesinado el 20 de junio mientras bloqueaba el acceso al centro de residuos junto con otras dos personas. El crimen fue condenado por la ONU, dos días después.
“El asesinato del señor Bañuelos Acevedo es otra trágica evidencia de la grave violencia que busca acallar las voces de quienes defienden los derechos económicos, sociales y culturales en el país y promueven el derecho al medio ambiente como un bien de toda la sociedad”, expuso la organización.
El caso llegó hasta Palacio Nacional donde el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sería investigado.
Clausura definitiva del centro de residuos en Atitalaquia
Tras una reunión virtual con los pobladores de Atitalaquia, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitió una minuta el pasado 7 de octubre en la que confirmó el cierre definitivo del lugar y la revocación de la autorización de impacto ambiental que la había concedido a EsMex.
El documento explica que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ya cuenta con el resolutivo del cierre total debido a que la empresa no promovió ningún recurso de inconformidad contra la clausura temporal establecida el 21 de julio.
“El pasado 19 de julio, la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Hidalgo, revocó la autorización que había concedido al proyecto por el incumplimiento de condicionantes, por lo que el 21 de julio se realizó la clausura de manera definitiva por parte de la PROESPA”, reza el documento.
Mientras que la autorización con oficio SEMARNTH/DESP-274/2022 fue anulada por la Semarnath, la dependencia ambiental de Hidalgo.
Lo siguiente en la agenda consistirá en determinar el instrumento más viable para la remediación de la zona, una decisión que se tomará junto con los pobladores y que hasta el momento contempla dos opciones: un programa de restauración ecológica o una declaratoria de zona ecológica.
¿Y el caso de Jesús Bañuelos Acevedo?
Como parte de los acuerdos a los que se llegó en la mesa virtual con la Semarnat, se determinó que la Fiscalía General del Estado de Hidalgo dará seguimiento al caso que hasta ahora no ha tenido más avances.
La dependencia también informó que los pobladores ya fueron vinculados a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y está próxima a celebrar una reunión para añadir a los individuos que requieran ser parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
No avanza juicio contra autoridades
Este 19 de octubre, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) emitió una recomendación derivada de la queja que interpusieron los pobladores de la localidad del Cardonal el pasado 4 de febrero en contra de autoridades municipales por poner en riesgo su salud al autorizar la instalación del centro de residuos.
La recomendación R-VdRO-0004-22 acredita la violación a sus derechos humanos e insta a comenzar un procedimiento administrativo en contra de Said Javier Estrella García, entonces titular de la Semarnath, y de ser el caso imponer la sanción a la que haya sido acreedor.
El documento también pide iniciar investigaciones en contra del alcalde de Atitalaquia, Lorenzo Agustín Hernández Olguín; de la síndico Viridiana Cerón Solís, así como de Humberto Hernández Hernández, Leticia Montoya González, Jhony Neri Álvarez, Monserrat Lienzo Rivera, Blas Pérez Lara, Rosario López Villeda, regidoras y regidores del Ayuntamiento.
Los procedimientos legales están encaminados a determinar su responsabilidad en los hechos para que reciban la sanción correspondiente. Las acciones emprendidas deberán ser comunicadas a la Comisión en un periodo no mayor a un mes.
Tras la respuesta, el Colectivo de Comunidades en Defensa de la Vida y el Territorio de la Región Tolteca urgió al Congreso del Estado de Hidalgo y a su Comisión Instructora atender la denuncia de juicio político que se presentó el pasado 1 de julio y con esto, generar un valioso precedente en la defensa de los derechos humanos de los habitantes de Hidalgo.
“¡Justicia es lo que pedimos!, ¡Cero impunidad!, ¡Que los responsables sean castigados y que la verdad salga a la luz! porque la razón nos asiste al defender nuestro derecho a un medio ambiente sano”, exigieron en un comunicado del 20 de octubre.