Toluca, Méx.- Para detener conductas delictivas que se están propagando en algunas regiones del Estado de México, las cuales provocan alza de precios en productos básicos, el Congreso estatal aprobó hasta 20 años de prisión para quien obligue a una persona o negocio fijar un precio por encima del mercado para venta de bienes, mercancías, insumos, o para la prestación de un servicio.
El diputado Gerardo Ulloa Pérez, presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, afirmó que el objeto de la propuesta legislativa es generar un nuevo tipo penal y favorecer la protección de las personas y unidades económicas, y actualizar el Código penal del Estado para prevenir y sancionar conductas delictivas recientes que atentan directamente contra la economía de la población.
El dictamen aprobado adiciona el artículo 199 bis al Código Penal mexiquense para sancionar a quien, por medio de la violencia, obligue a una persona o unidad económica a comprar, obtener o adquirir, de otra persona, comercio o empresa determinados bienes, insumos, mercancías o servicios para su giro comercial.
También a quien venda o distribuya bienes, insumos, mercancías o servicios, a personas o empresas determinadas, o a quien imponga o fije en una localidad o región, un precio por encima del mercado, para la venta de bienes, mercancías, o insumos o para la prestación de un servicio.
Al responsable de este delito, se impondrá de 6 a 10 años de prisión, y de 1000 a 1500 unidades de medida y actualización, “y se agravará la penalidad y sancionará además de las penas señaladas, si en la comisión de este ilícito participan dos o más personas, a las que se impondrán de tres a cinco años de prisión, y de 500 a 800 días multa”.
Cuando en la comisión de este delito el o los sujetos activos se ostenten y o identifiquen como miembros de alguna asociación o grupo delictivo, se impondrán de 7 a 15 años de prisión, y de mil 300 a 2 mil días multa. Para el caso de que el delito sea cometido por un servidor público, se impondrá de 8 a 20 años de prisión y de mil 500 a 2 mil 500 días multa.
En este sentido, el diputado de Morena, quien recordó que esta iniciativa a la Ley de la Fiscalía General de Justicia fue presentada en septiembre de 2022 por el fiscal general José Luis Cervantes Martínez, dijo que con estas reformas se contará con elementos para enfrentar y detener una conducta delictiva que se está presentando y propagando en algunas regiones del estado y que violenta la libertad y la integridad de quienes ejercen el comercio como actividad para ganarse la vida, así como de los consumidores finales, quienes resiente el alza de precios en productos básicos.