El director general de Control y Verificación, del Instituto Nacional de Migración, Antonio Molina Díaz, fue vinculado a proceso esta tarde por un juez federal de control, acusado por uso indebido de la función pública, por la muerte de 40 personas extranjeras ocurrida tras el incendio del pasado 27 de marzo, en una estación migratoria de Ciudad Juárez.
Pese a que se determinó su probable responsabilidad en el caso, el juez consideró que puede continuar con el cargo que ostenta en el gobierno federal y enfrentar el proceso en su contra en plena libertad.
El juez de control, José Avelino Córdova, le aplicó como medida cautelar la obligación de acudir a firmar mensualmente a los juzgados federales, para comprobar su permanencia en el país.
Aunque el ministerio público, en representación de la Fiscalía General de la República, solicitó un plazo de 4 meses para el cierre de la investigación, la defensa del inculpado pidió que fueran tres, por lo que deberá presentarse a una nueva audiencia el próximo 25 de julio.
Este mismo día, en los mismos juzgados federales con sede en Ciudad Juárez, la FGR formuló cargos por el mismo delito al director general del INM, Francisco Garduño Yáñez.
El juez Víctor Hernández, rechazó la petición de la parte acusatoria que solicitaba que el funcionario dejara el cargo para afrontar la acusación, al considerar la medida como innecesaria, toda vez que el delito que se le imputa no es de gravedad.
Será el próximo domingo por la mañana cuando Garduño Yáñez deba presentarse de nueva cuenta ante un juez de control, en audiencia de vinculación a proceso, donde se determinará si existen los elementos para que continúe o no la investigación en su contra.
Además de Medina Díaz, otros funcionarios que han sido vinculados a proceso, acusados como presuntos responsables del incendio que derivó en la tragedia, son Salvador González Guerrero, jefe en Chihuahua de la Oficina de Representación del INM y Eduardo Apodaca Magallanes, jefe de Recursos Materiales, ambos por los delitos de homicidio, lesiones y ejercicio indebido del servicio público.
En la misma posición se encuentra Juan Carlos Meza Cumplido, jefe del Grupo Beta y responsable de la Unidad Interna de Protección Civil, en la estación migratoria donde ocurrió el siniestro, al igual que Daniel Goray, titular de la representación local Noreste; Rodolfo Collazo y Gloria Liliana Ramos, quienes fungían como encargados de la estación provisional al momento del percance.