Siete personas indígenas que habían sido desplazados por la violencia en su comunidad murieron en un ataque armado ocurrido en una localidad de las montañas de Chiapas, en el sur de México, donde se habían refugiado, informaron las autoridades este sábado.
La fiscalía del estado indicó que tres personas más resultaron heridas en el ataque, que tuvo lugar el viernes por la noche en Polhó, donde esas personas vivían desde el año pasado. No está claro, sin embargo, por qué mataron a las personas indígenas ni quiénes fueron los atacantes.
Polhó es un pueblo a cinco kilómetros de Acteal, el lugar de las montañas de Chiapas que se hizo tristemente famoso por la matanza de 45 indígenas en su iglesia en 1997. Esta zona es un área donde la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) —-alzada en armas hace casi 30 años— mantiene mucho apoyo entre la sociedad civil. También ha sido escenario de un constante conflicto de baja intensidad con grupos paramilitares.
Además, existen conflictos agrarios enquistados entre distintos municipios y han proliferado grupos armados ligados a caciques locales u otros que se autodenominan autodefensas.
Todo esto sumado al cada vez mayor interés de los grandes cárteles mexicanos por Chiapas, estado fronterizo con Guatemala y estratégico para internarse en el país, está haciendo que crezcan los niveles de violencia en la región, según los expertos.
Los indígenas fueron atacados por individuos armados en el interior de una bodega donde se resguardaban desde el año pasado tras huir de Santa Martha, una comunidad del municipio de Chenalhó, donde en octubre las viviendas de muchas familias fueron quemadas, aparentemente, por un grupo de los considerados “autodefensas”.
Chenalhó está enfrentado desde hace años con la vecina localidad de Aldama por un conflicto de tierras y aunque el gobierno federal y estatal han intentado establecer acuerdos de paz entre las partes involucradas, los hechos de violencia persisten y las armas proliferan.
Uno de sus efectos más graves es el desplazamiento interno de familias que, cuando los ataques arrecian, huyen a las montañas o a comunidades vecinas.
En su último informe, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos estimaba que más de 7 mil personas se habían desplazado de sus comunidades, principalmente en municipios indígenas de Chiapas, considerado el estado más pobre de México, por conflictos políticos, territoriales y el crimen organizado.
Organizaciones y activistas afines a la guerrilla zapatista alertaron el miércoles del creciente nivel de violencia en el estado.
“Chiapas está al filo de la guerra civil con paramilitares y sicarios de los diversos cárteles que se disputan la plaza y grupos de autodefensas, con la complicidad activa o pasiva de los gobiernos de Rutilio Escandón Cadenas (gobernador de Chiapas) y (del presidente mexicano) Andrés Manuel López Obrador”, dice el pronunciamiento divulgado en canales de comunicación del EZLN.
Esta misma semana, la violencia y las disputas territoriales entre cárteles del narcotráfico en una parte de la frontera entre México y Guatemala, también en el estado de Chiapas, suscitaron operativos militares que provocaron choques con pobladores en comunidades del municipio de Frontera Comalapa y desplazamiento de miles de familias, según las ONG de derechos humanos locales.